El despliegue fue ordenado por la procuradora María del Carmen Falbo en conjunto con el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello en el marco de la mencionada ley que trabaja en la esfera de la Justicia provincial en los delitos "cercanos" a la trata de personas. El fiscal que intervino directamente en el operativo fue Rodolfo Moure.

Según el representante del Ministerio Público Fiscal, los allanamientos fueron altamente positivos ya que, al momento de la irrupción de la fuerza pública, en los diferentes lugares se detectó la presencia de mujeres ofreciendo sexo por dinero y clientes.

La investigación fue desarrollada en su totalidad por instructores oficiales dependientes de la Fiscalía General quienes lograron detectar en torno a un sujeto -identificado como Roberto Conte, de 45 años- el usufructo de cuatro lugares donde se ejercía ilegalmente la prostitución.

Así, los letrados solicitaron la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental de la Policía Bonaerense y de la Prefectura Naval para irrumpir en los diferentes domicilios.

Los allanamientos se realizaron en forma simultánea en España 933 y 937, y en Chacabuco 3815 y 3821.

Uno de los numerales de calle España correspondía a un bar cuyo nombre de fantasía era "Acero". En los dos lugares se detecto la presencia de prostitución por lo que se procedió a la clausura de los inmuebles. También se demoró a una mujer que estaba al mando del comercio.

Respecto a los privados de calle Chacabuco, ubicado uno al lado del otro, también se detectó la presencia de mujeres ejerciendo la prostitución y de clientes -de diversas edades-.

Allí, se produjo uno de los momentos de mayor tensión del operativo. El sujeto investigado, decidió intentar darse a la fuga corriendo. Sin embargo, los efectivos de la Prefectura lograron detenerlo en la plaza ubicada frente al inmueble allanado.

Del operativo participaron, además, personal del Centro de Rescate de Víctimas de la Nación, quienes se entrevistaron con las mujeres que se encontraban en los privados. Entre ellas, se detectó la presencia de una joven de ciudadanía paraguaya por lo que se contactó a la secretaría de migraciones para que tome intervención.

Cabe destacar que el sujeto demorado recientemente fue condenado por venta de estupefacientes a cuatro años de prisión en suspenso.