Explico que las disposiciones surgen a partir de resolverse los sumarios iniciados oportunamente ante dos situaciones generadas en ámbitos de efectivos policiales provinciales: “La primera corresponde a junio del año 2009, días antes de unas elecciones generales, donde con una presencia política de la oposición, frente a la jefatura policial, un grupo de policías se plegó a una medida de fuerza que se tomo entonces. Y esto provoco un inmediato sumario administrativo que ahora se resolvió y según el grado de responsabilidad hallado se declararon las cesantías”.

Agrego que el otro suceso se corresponde al suceso de que un “grupo de personal policial participo de las medidas de fuerza que se tomaron en diciembre de 2013. Fue cuando uno veía por los medios de comunicación el levantamientos de policías en distintos lugares, y en nuestro caso un grupo minúsculo de personal en actividad se sumo a esta acción”. Advirtió el ministro que “se trataron de acciones vedadas por los reglamentos y normativas policiales, que es algo que el personal conoce perfectamente al momento de ingresar a la fuerza”.

El ministro indico que “la policía provincial es una institución que tiene un régimen vertical por la naturaleza propia de la fuerza, al conformar el brazo armado del estado. Son los únicos ciudadanos que tienen la autorización de portar un arma en la vía pública a fin de desempeñar su función de mantener el orden y brindar seguridad a todos los ciudadanos, siempre ajustándose al marco de las leyes vigentes”.

Expuso que “la Argentina ha tenido una definición muy clara acerca de la política sindical en esferas de las fuerzas de seguridad y armadas. Y esto porque toda vez que hace a una definición en cuanto a que la diferencia de un ciudadano policía respecto al resto de los habitantes que trabaja en otro tipo de estamento. Y es que el policía porta un arma y una medida sindical constituiría ciertamente muy distinta a la que pudiera realizar cualquier otro trabajador, que es algo contemplado en la Organización Internacional del Trabajo y nuestro país lo adopto como norma”.

El ministro señalo que “administrativamente se advierte la responsabilidad del personal, y la instrucción policial analizando y evaluando la gravedad de las faltas cometidas, es que solicita la sanción de cesantía. Es una medida avalada por la Jefatura Policial y finalmente a través de un decreto que dispone la misma”.

Señalo finalmente que “Todo ordenamiento jurídico establece sanciones y una graduación de las penas, en directa relación con el hecho cometido, y estos hechos fueron de una gravedad tal porque se orientaron a generar una ruptura del orden de mando dentro de la fuerza, por lo tanto se trato de algo gravísimo que se sanciona con este tipo de medida expulsiva“.