De manera sorpresiva ayer por la tarde se efectivizó el traslado de tres de los seis policías detenidos por la desaparición y presunto homicidio del joven trabajador salteño Daniel Solano. Los imputados estaban alojados en un edificio policial en la localidad de Lamarque.

Según pudo constatar este medio, Diego Cuello fue llevado a la cárcel que funciona en la "ex Emeta" en Pomona, mientras que Juan Barrera y Héctor Martínez fueron a la alcaidía de Choele Choel. En tanto, Pablo Bender, Sandro Berthe y Andrés Albarrán serían llevados en la jornada de hoy a la unidad policial de Chimpay, donde permanecerán hasta tanto se los destine a otro lugar o hasta que se lleve a cabo el juicio.

Las repercusiones sobre esta medida no fueron tan diferentes.

Así, los familiares de los detenidos al principio se preocuparon porque pensaron que los trasladarían a lugares más alejados. Pero luego, al recibir la noticia de que quedarían en la zona, se tranquilizaron, sobre todo porque el principal pedido sigue siendo que los hijos menores de los policías no sufran las consecuencias del alejamiento. "Mientras estén en el Valle Medio no nos molesta", dijo anoche una de las mujeres de los policías.

Por su parte, el abogado Sergio Heredia, representante de la familia Solano, indicó: "Estoy conforme, porque nunca los debieron haber llevado al lugar en el que estaban. Con esta medida lo han remediado". Sin embargo, agregó que recién se sentirá "satisfecho una vez que estén presos todos los que estuvieron implicados en el caso".

Desde la familia se caratuló la jornada como "positiva", porque a los traslados se suma que se realizó el allanamiento en las oficinas de "Trabajo Argentino" y se produjo el apartamiento de la jueza Natalia Costanzo.

El traslado de seis de los siete policías detenidos por el caso Solano desde Viedma a Lamarque desató fuerte repercusiones en el Valle Medio. Mientras los familiares de los presos se mostraron conformes, la querella, la familia Solano y hasta referentes políticos se expresaron en repudio. La medida había sido ordenada en su momento por la jueza Costanzo, luego de que los policías protagonizaran un principio de motín en el penal de Viedma.

El nuevo traslado había sido solicitada por la secretaría de Seguridad de la provincia, dado que el sitio donde se encontraban los policías no cumplía mínimas medidas de seguridad y a ello se sumaba el repudio de vecinos y dirigentes.