Nueve personas acusadas de realizar falsas ventas de tierras en la ex Transradio International fueron denunciadas penalmente. El Ejecutivo se mostró categórico al rechazar la apropiación de lotes en desuso porque “va contra la planificación” urbana del distrito. En el último operativo policial, no dieron con los supuestos instigadores. Analizan si realizarán una distribución “social” de los terrenos, a pagar con facilidades.
A su vez, Gray se posicionó explícitamente indispuesto a aceptar cualquier toma organizada porque “va en contra de la planificación para Esteban Echeverría”. Con el apoyo de universidades nacionales, comenzó una exhaustiva etapa de programación urbana y un Programa de tierras y viviendas que incluye censos, trabajos con las entidades comunales y controles de seguridad en los predios, según amplió un parte oficial de la Municipalidad.
Por otra parte, en diálogo radial con el periodista Daniel Ruiz, Gray amplió el imperativo a “la protección de la Laguna de Rocha, sobre la que tenemos un proyecto legislativo en marcha para que sea declarada reserva natural”, argumentó. En la zona, perteneciente al acuífero Pehuelche, la cota de inundaciones está muy cerca de la superficie según coinciden fuentes comunales y ambientalistas imbricadas en la preservación del humedal, lo que constituye una nueva barrera sui géneris en desmedro de su urbanización.
En cuanto al plano policial, se abrieron dos nuevos capítulos: el primero, relativo al nuevo desahucio de ese suelo. A diferencia de lo que ocurrió el 28 de febrero último, el jueves “casi no se encontró nadie” en el lugar, explicó a LA TERCERA el titular de la cartera de esa temática para la comuna, Gustavo Cañete. Según dijo, sólo los esperaban unas 50 personas, en su mayoría miembros de otras familias que fueron víctimas de las estafas. De los supuestos instigadores “ni noticias”, refirió. Al respecto, el mandatario adujo que hubo nueve detenciones en lo que va del conflicto, disparado en diciembre, y se presume que las investigaciones que lleva adelante la Policía local podrían derivar en acusaciones formales por defraudación y constitución de una “asociación ilícita”.
Esa es, precisamente, la otra parte de la saga. La apertura de una causa encabezada por el intendente deja a la usurpación en el plano de un delito que es desalentado por la comuna. En ese marco, comenzaría una caza de brujas que ya arrojó complicaciones en las negociaciones que se llevan a cabo con los vecinos que decidieron no retomar la lucha a cambio de negociar una solución habitacional con la comuna.
El primer tamiz fijado por la administración fue la exclusión de aquellos acampantes oriundos de otras comunas de la región y la Capital Federal. “El Municipio respalda y acompaña a los vecinos de Esteban Echeverría a partir de ayudas sociales y acercándoles todos los elementos posibles para que reencausen su situación -reza el parte- pero aquellos usurpadores que vienen de otros partidos son devueltos (sic) a sus lugares de origen”, definió el jefe del Ejecutivo. Pero tras los episodios del jueves, Cañete aclaró que a raíz de que “se vieron algunos de los referentes de la comisión de vecinos (creada ad-hoc) de nuevo en el predio” esas personas “quedarán excluidas” de las charlas, al tiempo que informó que “mientras sigan las tomas no se avanzará”.
Por eso, el alcalde echeverriano propuso profundizar la conformación de redes preventivas entre “la comunidad, las organizaciones sociales y los vecinos” para evitar que se tomen más tierras. Al respecto, puso como ejemplo el reciente estallido de un conflicto similar en un complejo de viviendas en el barrio porteño de Bajo Flores. Opinó que “el Gobierno de la Cuidad no previno” la situación y que allí “se necesita una gestión presente con actitudes más activas para evitar que hechos similares se sigan suscitando”.
Sobre el pago, Cañete anticipó que los propietarios de las parcelas accedieron a unas reformas que consisten en el zanjeo perimetral y reforzar la custodia privada que posee el predio. Al cierre de esta edición, el funcionario y parte de la comisión discutían una salida real que, en principio, pasaría por un plan de ‘loteo social’ mediante el cual cada núcleo obtendría un terreno en el cual construir, a pagar con facilidades financiadas por el distrito.
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