Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (Cimara), fue uno de los que alzó la voz. “Me parece que es un disparate esto de legislar la salud con leyes por enfermedades”, sostuvo el empresario.

Según consideró, “todas estas leyes son parches” que no resuelven “la enfermedad final”. Para Díaz Mathé, “no hay una política de estado coherente sobre cuál es el modelo de atención médica y cuáles son las responsabilidades inherentes a cada modelo”.

En este marco, señaló, “todas estas cosas lo que hacen es encarecer más el sistema, que es ineficiente”. Agregó que si el costo del tratamiento recae en estas empresas “encarecerá aún más la cuota de la medicina prepaga, que ya está por las nubes“.

Esta no es la primera vez que Díaz Mathé se manifiesta en contra de la normativa tendiente a legislar la reproducción asistida.

Además se preguntó: “¿Quién lo va a financiar?”, al tiempo que agregó: “Seguimos tomando el camino errado y sin resolver el problema de la salud en la Argentina. El Estado le transfiere al sector privado lo que no puede atender”.

Por otra parte, señaló que “el sistema ya es caro para los afiliados, y en la medida que se sigan incluyendo enfermedades a la cobertura se va a seguir encareciendo. Lo que pareciera ser una conquista social en realidad no es tan así”

Hace algunos meses ya había advertido sobre los problemas financieros que acarrearía a las empresas de medicina prepaga una norma de estas características.

“Cuando se sanciona una ley, hay que establecer si los recursos dan para esa prioridad y cuánto va a costar, para medir el impacto. ¿Mi madre tiene 86 años y va a tener que pagar su cuota por la fertilidad? Hay que corregir cosas antes que revolear leyes para cualquier lado“, había declarado.

En la misma dirección se expresó, en aquel entonces, la abogada chaqueña Carolina Mosqueda, que patrocinó a parejas que intimaron a sus prepagas a pagar los tratamientos de fertilización asistida y es también asesora de estas empresas. “La ley tiene que ir acompañada por un presupuesto: para las obras sociales es difícil cubrir este tipo de tratamientos, que son carísimos”, había opinado.

Fuente: Infobae