Completando -de momento- la serie de artículos que hemos dedicado a la situación de las policías comunales, planteamos, a modo de provisorio corolario, la disyuntiva que se plantea a los municipios adheridos al sistema, todos firmes defensores del plan, pero asimismo concientes de que sin financiación y sin logística, es imposible obtener mejores resultados

Completando -de momento- la serie de artículos que hemos dedicado a la situación de las policías comunales, tanto desde la óptica particular de este distrito como en general, ya que la problemática es común, planteamos, a modo de provisorio corolario, la disyuntiva que se plantea ahora a los municipios adheridos al sistema, todos firmes defensores del plan, pero asimismo concientes de que sin financiación y sin logística, es imposible obtener mejores resultados.

Como hemos referido, los intendentes de los sesenta distritos adheridos al sistema, o, en su defecto, directores y/o secretarios de seguridad o secretarios de gobierno, se reunieron esta semana en Lobos con el secretario de Seguridad provincial, Carlos Stagnaro, y el jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, con un propósito común: reclamar más fondos y mayor asistencia logística.

Con respecto al primer punto, el crucial, referido a los fondos, fue firmado un protocolo, ad referendum de los cuerpos deliberativos de cada distrito, por el cual se formalizaría un incremento del 50 por ciento en las asignaciones mensuales.

Parece un signo alentador, pero en realidad es un aliciente menos que relativo. En efecto, si tomamos el caso puntual de Rojas, esto significa que de 17 mil y pico de pesos, se estaría pasando a poco más de 25 mil. Con lo cual, clara e innegablemente, no habrá un ahorro significativo de los recursos mensuales que la comuna debe asignar al sostenimiento de la policía comunal, para cubrir el desfasaje que surge de lo exiguo de los fondos provinciales.

Esto significa que el gobierno local, por sobre los fondos que gira la provincia, debe aportar más de 70 mil pesos, sólo para garantizar el cumplimiento de un orden de servicios mínimo.

No es necesario ser entendido en materia de economía o de seguridad pública: ninguna estructura operativa puede funcionar de esa forma.

Y en el caso de la seguridad pública, implica, lisa y llanamente, que no es factible emprender acciones preventivas: sólo se puede "correr" detrás del hecho delictivo ya cometido.

Además se necesita logística: la Comunal de Rojas posee ya déficit de personal; se necesitan policías, por lo menos quince a veinte más. Y se necesitan móviles, comunicaciones, renovación del parque de armas, informática, etc.

¿COMUNAL O BONAERENSE?

Como se sabe, todos los intendentes adheridos al sistema lo defienden a ultranza por sus ventajas subyacentes; pero también acuerdan que, sin los recursos necesarios, esas ventajas se degradan inevitablemente.

Pero no se trata solamente de plantear una alternativa y elegir el camino de la menor resistencia; hay que pensar muy bien las cosas: en Arrecifes, donde aún hay policía única, el intendente Bolinaga está literalmente desesperado para que le firmen el convenio de adhesión a la Comunal. Es que en el vecino distrito la situación es angustiante: la estructura policial arrecifeña literalmente no tiene capacidad de respuesta. No hablemos ya de prevención o de delinear políticas de seguridad estructurales.

En este caso, disentimos con los partidos de la oposición política local, que sostienen que el sistema de la Comunal no ha dado resultado y hay que rescindir el convenio: no es una conclusión aceptable; habría que considerar qué resultados se obtenían con la policía única, por el cual nos regimos durante décadas, y establecer qué beneficios se han obtenido con el sistema comunal, que sólo funciona desde el año 2005, entre otras cosas.

¿No sería más prudente mancomunar esfuerzos de gestión para lograr mayores recursos?

ABRIR EL DEBATE

Esa es, por lo menos, nuestra modesta opinión, que aportamos como una más, y con la expectativa de que la ciudadanía se proponga participar del debate minucioso y objetivo que merece la gestión y administración de la seguridad pública. Que es eso, pública, y por ende, nos atañe a todos, más allá de que haya efectores especializados.

Ante la encrucijada que se atraviesa en este sentido, con un sistema que por cuestiones económicas ha sido jaqueado antes de que se pudiesen corroborar o desechar sus posibilidades, y con antecedentes tanto negativos y positivos en cuanto al sistema anterior, consideramos que es fundamental iniciar una discusión pública al respecto.

Pero sin partidismos, ni politiquerías, ni críticas aviesas o maliciosas, sino con conciencia solidaria, con ánimo de participación y con seriedad.

Para ello proponemos, humildemente, que sería atinado que el Foro de Seguridad, la comisión de Seguridad del HCD y el gobierno local abran el juego, inciando, por ejemplo, una serie de reuniones publicas y abiertas en las que se inicie un debate que, por las cuestiones que involucra, requiere de la atención de la comunidad.