Un joven discapacitado y su padre lograron días pasados que una empresa de transporte de larga distancia que opera en la Terminal local se ajuste a la Ordenanza Número 5.011 y les devuelva el importe de cuatro pasajes (dos de ida y dos de vuelta) que habían abonado para viajar en una de sus unidades.

Según manifestó Juan Abel Quiroga, padre del joven discapacitado, un empleado de la empresa se había negado a darles de manera gratuita los boletos solicitados, incumpliendo de esta forma con la mencionada reglamentación local y con la Ley provincial 25.635, que establece que “las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social”.

La devolución del dinero se produjo gracias a las gestiones realizadas por la Junta de Discapacitados –línea fundadora- en Inspección General, cuya titular, Graciela Barco, se puso al frente del reclamo y medió entre los damnificados y la empresa.

También intervino la Oficina de Defensa del Consumidor Local, a la que Quiroga y su hijo se dirigieron luego de haber comprado los pasajes.

En otro caso de similares características, dos agentes de esa dependencia intervinieron ante otra compañía y también obtuvieron resultados favorables.