Por 244 votos a 89 los gremios de la salud decidieron aceptar la oferta salarial realizada por el gobierno de Celso Jaque y se levantan a partir de hoy todas las medidas de fuerza que venían realizando desde fines de agosto por lo que la atención quedará normalizada. Aunque aclararon desde los sindicatos que "la respuesta forma parte sólo de una etapa más, ya que los trabajadores seguirán en la lucha por distintas reivindicaciones".

De esta forma se concreta el primer acuerdo paritario de fin de año del sector estatal, en este caso después de cuatro meses de paros y asambleas que afectaron la atención en hospitales y centros de salud y en otros organismos de los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano.

La decisión se adoptó en una asamblea interhospitalaria de delegados que se realizó en el hospital Notti, donde hubo ciertas voces de desacuerdo por parte de algunos delegados, particularmente de la Asociación de Trabajadores del Estado, que nuclea a los no profesionales.

La respuesta de los gremios fue comunicada al Gobierno en una reunión paritaria que se efectuó en la Subsecretaría de Trabajo y en la que hubo algunas discusiones relativas a cómo se pondrán al día con las operaciones programadas que fueron suspendidas por los paros y que son un poco más de 1.000 según el Ministerio de Salud. También se debatió por la situación de tres trabajadores que fueron despedidos durante el conflicto y a aspectos referidos al convenio tanto de los profesionales como de los no profesionales.

El acuerdo dispone un incremento de 15 por ciento, remunerativo y bonificable a partir del 1 de enero, la equiparación progresiva de las asignaciones familiares a los valores que paga la Nación, el pase a planta de contratados desde 2006 y la regularización este año, lo que figura en acta, de mayores dedicaciones y categorización de centros de salud.

El aumento acordado, que también incluye a los contratados, es la base para discutir en mayo una nueva actualización para llegar, como pretenden Ampros (que representa a los médicos y demás profesionales de la salud) y ATE, al 35 por ciento en total durante el año.

Al término de la asamblea, Raquel Blas, la secretaria general de ATE, afirmó que "más allá del resultado de la votación, el conflicto en su conjunto no está resuelto y pasa para el año que viene. Esperemos que el Gobernador en estos tres meses que tendrá de tiempo logre juntar los recursos a los efectos de que apenas nos reunamos tengamos el resto de lo que se estaba pidiendo, porque si no no es una solución definitiva. Resta ver que se cumplan con los otros puntos que han estado acordados. Creo que esto es únicamente tener en la mano el dinero en el básico y prepararnos para una pelea que sabemos que el año que viene tendremos que continuar".

Por su parte, María Isabel Del Pópolo, secretaria general de Ampros, sostuvo que "todos los trabajadores de la salud hemos dado mucho de nosotros y seguiremos peleando porque creemos que hay muchas conquistas que todavía nos deben por parte del Gobierno y no vamos a renunciar. Quiero dejar en claro para todos los colegas que no sólo es el aumento salarial sino que se peleará por las condiciones de la gente que se viene a atender en los distintos lugares de trabajo".

Ambas dirigentes coincidieron que además de votarse en la asamblea por todos los puntos que dieron origen al conflicto se insiste en la aplicación para los jubilados del 82 por ciento móvil.

"Es una de las grandes materias que tendremos que trabajar en conjunto. El Gobierno debe hacerse cargo y elevar un proyecto a la Nación por este 82%", indicaron.

Plantearon además que "habrá un alerta permanente no sólo en el tema de las condiciones de trabajo, sino por los insumos. No nos olvidamos que nuestra población está requiriendo insumos y todavía no vemos el resultado de la partida de emergencia de 23 millones de pesos. Por otra parte queremos exigir a los legisladores que el presupuesto de salud se duplique por lo menos para este año".

Mientras tanto, el subsecretario de Financiamiento, Mario Granado, como el de Gestión en Salud, Enrique Quesada, plantearon en la reunión realizada ayer a la tarde, en la que se firmó el acta de superación del largo conflicto, su preocupación por poner al día las cirugías programadas en los distintos hospitales.

"Se ha consensuado con el sector gremial que mañana (por hoy) se reunirá una comisión integrada por ambas partes con el fin de proponer la mejor manera, los tiempos, la cronología de las cirugías y el control por parte de todos en una cuestión sensible que el Gobierno quiere resolver en forma inmediata", indicaron.

Por su parte, Granado separó el caso de los días no trabajados que están siendo descontados y no se devuelven y el de la realización de las cirugías programadas que serán en un horario extendido y fuera del habitual. Las cirugías se pagarán 50 por ciento al iniciarse y el resto al terminarse el trabajo.