Tras dos jornadas de extrema tensión, el conflicto salarial entre el Gobierno y la Policía, que amenazó con dejar totalmente desprotegidos a los tucumanos, llegó ayer a su fin.

Luego de una dura negociación, las partes firmaron un acta acuerdo que, como punto principal, establece un incremento que elevará de los actuales 900 pesos a 1.950 pesos el haber básico para el grado de agente, como cargo testigo, retroactivo al 1 de marzo pasado. Si bien cuando comenzó el reclamo los policías exigían que dicho monto trepe a 2.500 pesos, al haber conseguido que el Gobierno otorgue otros de los puntos reclamados, terminaron aceptando.

En este sentido, el PE se comprometió a iniciar inmediatamente los trámites para el pase a la planta permanente del Estado de los efectivos que prestan funciones en las distintas reparticiones de la fuerza, incluido el Servicio Penitenciario. Finalmente, y tal como exigían los policías, las autoridades prometieron no establecer medidas disciplinarias contra los sediciosos.

Con la rúbrica de ese convenio, minutos después del mediodía la protesta de los uniformados, que durante dos días se hizo sentir con fuerza en las puertas de la Jefatura de Policía, en calle Italia al 2.500, fue levantada. Inmediatamente, se reestableció la atención en las comisarías y las calles volvieron a poblarse de agentes para resguardar la seguridad de la población, luego de que entre el martes y el miércoles el servicio de vigilancia se viera notablemente resentido debido al conflicto.

Los encargados de llevar adelante la negociación, que tuvo lugar en la casa de Gobierno, fueron los ministros de Economía, Jorge Jiménez, y de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera. En representación de los uniformados, participaron Julia Magali Suarez, Leonardo Gerez, Federico Gómez, Julio Acosta, Oscar Peralta, Waldo Madrid, Ramón López, Karina Molina, Pablo Roberto, Luis Mansilla y Andrés Ocaranza.

Tras conocer el resultado de la reunión, los agentes que protagonizaban la protesta al frente de la Jefatura, acompañados por sus familias, festejaron con algarabía las mejoras conseguidas.

El compromiso oficial

Al finalizar la reunión, que comenzó a las 10.00 y se extendió durante casi dos horas, el ministro López Herrera aseguró que "luego del diálogo con el personal de la Policía de Tucumán, se llegó a la conclusión de que (el conflicto) era principalmente una cuestión salarial, una cuestión referida a la estructura de sueldos, donde había ítems que no bonificables lo que impactaba al personal que estaba en situación de retiro. Todos estamos conformes porque la cifra acordada permitirá que mejoren su situación salarial todos los activos y pasivos", acotó el funcionario.

López Herrera precisó que en materia salarial se dispuso "fijar una suma al cargo testigo del agente en 1.950 pesos, monto que varía de acuerdo a los grados de oficiales y suboficiales y Servicio Penitenciario. Con esto mejora toda la estructura de sueldos de la policía y mejora al personal retirado. Todos reciben algo con este acuerdo, los retirados, los activos y los transitorios", agregó.

Además, destacó lo resuelto respecto a la titularización del personal contratado, señalando que "los empleados transitorios tenían una remuneración que no era igual que los de planta permanente". Al respecto, detalló que, conforme a lo acordado, "todo aquel personal que se encuentre transitorio en la Policía y el Servicio Penitenciario, pasa a planta permanente de manera inmediata, igualando derechos y beneficios".

Por otro lado, López Herrera sostuvo que “se decidió suspender todas las actuaciones administrativas que se habían iniciado” y que no se avanzará con otras medidas que estaban previstas.

El desarrollo del conflicto

El conflicto se inició el martes, cuando un grupo de uniformados de las patrullas Urbana y Motorizada, encabezados por el agente retirado Marcelo Vogler, solicitaron una audiencia con el jefe de Policía, Hugo Sánchez, para discutir una mejora salarial. Tras una fuerte discusión con las autoridades de la fuerza, que derivó en la detención de Vogler, los agentes que acompañaban el reclamo y sus familias decidieron cortar el tránsito y comenzaron a quemar cubiertas al frente de la Jefatura de Policía, en calle Italia al 2.500. Con el paso de las horas, se fueron sumando a la protesta otras dependencias de la Policía, a punto tal que el miércoles por la tarde varias comisarías de la Capital y del Interior cerraron sus puertas y dispusieron atender solamente las denuncias de urgencia. Además, se retiraron de la vía pública decenas de agentes que cumplen tareas de vigilancia.

Frente a la gravedad de los acontecimientos, el gobernador José Alperovich habló con la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, para que autorice intervención de Gendarmería en el conflicto. De hecho, minutos antes de la firma del acta acuerdo, el titular del PE confesó ayer por la mañana a la prensa que estaba dispuesto a adoptar esa medida.

"Hablé con la ministra de Seguridad de la Nación para que, si hace falta, traigamos Gendarmería a Tucumán. Espero que no, espero que todos tengamos buena fe para que esto se arregle. Yo necesito que Tucumán tenga paz social, darle seguridad a los ciudadanos y siempre que haya problemas es preocupante, espero que tengamos cordura necesaria", había dicho el Primer mandatario.