Tras la derrota independentista en Escocia, el gobierno catalán tiene lista una vasta campaña institucional de apoyo a la convocatoria soberanista que lanzará apenas el presidente Artur Mas firme el decreto respectivo. Mas demora la publicación en el Diario Oficial de Cataluña de la ley de consultas aprobada por el Parlamento catalán, que según las fuerzas soberanistas independentistas, legaliza el llamado a referéndum del 9 de noviembre próximo.

Esta nueva actitud de la Generalitat (gobierno) trastoca los planes del Ejecutivo central español, que esperaba que la publicación fuera realizada el sábado pasado y de inmediato Artur Mas firmara la convocatoria. Pero el Ejecutivo catalán quiere ganar tiempo y desplegar una campaña con todas las reivindicaciones sobre la consulta, si los ciudadanos quieren que Cataluña sea un Estado y, en caso de respuesta afirmativa, si ese Estado debe ser independiente.

“La consulta es legal y tenemos derecho a votar. No sacaremos la bandera blanca a la primera”, dicen en el gobierno catalán, según una información exclusiva del diario La Vanguardia.

El prestigioso diario barcelonés informa que el decreto incluirá un anexo que desplegará aspectos sobre el dispositivo logístico que requieren de regulación extra a la ley. Establecerá el funcionamiento de los períodos de campaña y debate público; las comisiones de control y seguimiento; la división de circunscripciones en secciones y las mesas –se prevén unas 8.000 urnas en 3.000 puntos de votación–; la exposición pública de la lista de participantes, la formación de las mesas electorales o del voto anticipado por depósito, tanto en Cataluña como en el extranjero. Sólo 1.500 catalanes residentes en el exterior se habían registrado hasta el lunes, y la ley señala que el derecho a voto se limitará a quienes lo hayan hecho hasta el día anterior a la convocatoria.

Ya está preparada una web electoral que contiene una amplia información sobre las características de la consulta y una explicación de los principales temas que sostiene el soberanismo. Unos 500 ayuntamientos se han puesto a disposición de la Generalitat, que corresponden a más del 60% del padrón. El propósito además es el de patrocinar actos y movilizaciones. Pese a que el Tribunal Constitucional suspenda la ley de consulta y el decreto de convocatoria, los independentistas creen que tienen ganada la calle. Los sondeos en varios medios van a dar una idea precisa de cuáles son la preferencias de los catalanes, dicen estos medios. Ayer Mas, acosado por los periodistas, reiteró que firmará el decreto de convocatoria “esta semana” o bien “en los próximos días”.