Tras el escándalo que se desató en la subasta pública de dos inmuebles municipales, que finalmente quedó desierta por falta de oferentes, el Municipio iniciará acciones legales.

Es que, durante el remate de los edificios públicos ubicados en Buenos Aires y Mendoza y Sarmiento y Belgrano, por una tasación de casi $ 8 millones, irrumpieron representantes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, encabezados por su apoderado, Víctor Rostagno.

En rigor, el gobierno presentará una demanda contra quienes hicieron su aparición en la subasta, a la vez que analiza extenderla al citado colegio.

En el Salón Blanco de la Municipalidad, el lugar elegido para el remate, los martilleros plantearon la ilegalidad del acto en cuestión porque, según ellos, el martillero no puede renunciar a sus honorarios.

Luego de los incidentes, que generaron un clima de tensión, el martillero Diego Semprini dio paso a la subasta pero no hubo interesados, con lo cual se la declaró desierta. Ahora hay que fijar una nueva fecha.

En representación del Municipio, estuvieron presentes los secretarios Fabricio Pedruzzi (Gobierno), Guillermo Mana (Economía) y Alejandro Martí (Planificación) y los fiscales Hernán Di Santo y Nicolás Rins.

Mientras Rostagno pedía a los gritos la verificación de títulos y hablaba de “ilicitud manifiesta” ante los presentes, Pedruzzi lo cruzaba diciendo que la subasta “no está invalidada”.

“Lo que hicieron fue sobreactuado en un marco politizado. Ellos tienen todo el derecho de realizar los planteos que quieran. Pero no irrumpir y vociferar en una actitud piquetera y patoteril”, dijo ayer a PUNTAL el secretario Pedruzzi.

Y acotó: “No nos vamos a dejar intimidar por personas de esa clase. Repudiamos esa actitud”.

“Adoptaremos los mecanismos pertinentes para defender al Municipio y a los vecinos”, puntualizó. También dijo: “Nosotros siempre, desde un primer momento, establecimos la legalidad de nuestros actos”.

“Después el acto se desarrolló con completa normalidad. Lo que sí es que no hubo oferentes”, señaló.

Por su parte, el fiscal adjunto Rins manifestó ayer en diálogo con este diario: “Fue un entredicho motivado por un interés meramente corporativo representado por el Colegio de Martilleros, cuyos representantes vinieron impunemente a pretender obstruir un acto totalmente lícito y totalmente legal que iba a redundar en beneficio de Río Cuarto”.

“El producido iba a beneficiar a los vecinos del sur de Río Cuarto (con el Foro de la Democracia). Por eso, amerita que tomemos todas las medidas pertinentes”, dijo.

Y añadió: “Este remate no dio sus frutos y me pregunto quién se hará responsable de esto. Fue un acto totalmente reprochable. No fue el clima ideal para hacer una subasta”.

“No puedo creer cómo alguien es capaz de, impunemente, pararse frente a los potenciales postores”, señaló.

Y acotó: “Vamos a hacer una demanda contra quienes irrumpieron en la subasta, por estorbo funcional, y estamos analizando si la ampliamos, por daños y perjuicios, contra el Colegio de Martilleros”, señaló.

“El problema es del martillero con el colegio. Éste está enojado porque el martillero no cobra honorarios”, manifestó.

“Afectó a los interesados”

En tanto, el martillero Semprini dijo ayer a PUNTAL que la irrupción de los representantes del Colegio de Martilleros “sí pudo haber afectado a los interesados” y agregó que “esto produjo confusión por las manifestaciones” que hicieron.

“A mi criterio no era el medio para hacerlo. Ellos tienen su vía para reclamar”, señaló.

Respecto de los honorarios, Semprini dijo: “Hay una ordenanza que es muy clara. Las condiciones de esa norma limita a todos los martilleros”.

Y añadió: “Hay una denuncia hacia mi persona. Ellos consideran que hay una violación a la ley. Pero yo haré las aclaraciones respectivas”.

El martillero también sostuvo que “no hubo interesados”, tras lo cual la subasta quedó desierta.