El tribunal que ordenó liberar al ex comisario acusado de un brutal atentado, dijo que un planteo de la víctima obliga a dejarlo preso hasta que la Corte resuelva.
Ayer, García Carmona anticipó que atacará el fallo, al que calificó de "mamarracho jurídico". Y adelantó que recusará al presidente del tribunal de juicio, Félix Herrero Martín, para que no intervenga más en la causa por "prejuzgar a Pereyra con la detención arbitraria que le impuso (tras ordenar su liberación). Quedó bien con Dios y con el Diablo, pero no con la ley", dijo el letrado.
Herrero Martín y su par Juan Carlos Peluc Noguera (Sala II de la Cámara Penal) argumentaron que una de las leyes nacionales que reglamentan los plazos de prisión preventiva de un detenido (25.430), establece que un fallo sobre la libertad de un imputado tendrá "efecto suspensivo" si alguna de las partes lo cuestiona. Prácticamente, "efecto suspensivo" significa que Pereyra debe seguir detenido hasta que la Corte resuelva.
El cuestionamiento que dice la ley 25.430 se produjo el último lunes, cuando el abogado de Naranjo, Javier Cámpora, pidió dejar todo en suspenso (es decir Pereyra preso) hasta que el máximo tribunal decida sobre sus reclamos para no liberar al ex comisario.
Cámpora consideró que el fallo a favor de la liberación dictado en la Sala II fue "arbitrario e infundado", porque rechazó con fundamentos aparentes la oposición a la libertad de Pereyra que ya había concretado la fiscal de Cámara Alicia Esquivel Puiggrós. Y el tribunal adhirió, aún sin resolver el reclamo de la fiscal (lo realizó ayer) para que la Corte declare nulo el fallo a favor de la liberación.
El único que mantuvo la decisión de que Pereyra debe ser liberado fue Arturo Velert Frau, quien subroga al juez Ernesto Kerman. En opinión de Velert Frau los jueces en la provincia deberían fijar como plazo máximo de prisión preventiva incluso uno menor a los 2 años establecidos con su prórroga por un año, e incluso mejorar la situación del sospechoso "dándole mayores beneficios" en clara adhesión al principio de que siempre se deben aplicar las leyes más favorables a la situación del imputado. Y en eso incluyó su posición de que la liberación de Pereyra debe prevalecer ("sin efecto suspensivo") sobre los recursos que se interpongan para evitar el fin de su encierro, como el reclamo de Cámpora y el de la fiscal.
El miércoles de la semana pasada, los jueces habían decidido ordenar la libertad de Pereyra con la exigencia de una fianza personal de $300.000, es decir personas con solvencia moral y económica equivalente a esa suma, que puedan responder si acaso Pereyra, por ejemplo, se da a la fuga.
Pereyra fue detenido un día después del atentado, el 28 de mayo, y ayer cumplió 3 años y 15 días más de encierro en medio de otra polémica. Ayer se venció el plazo para que las partes ofrezcan pruebas para el juicio en su contra, y todo indica que ese día podría llegar al banquillo, esposado.
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