Los obreros de Calsa, fábrica alimenticia de alcance internacional instalada en Lanús, habían advertido que la prueba de máquinas que la patronal les pedía que realizaran era riesgosa para su salud y el equipo, pero igual uno de ellos fue llamado a realizarla. Como habían anunciado, algo se dañó y el trabajador fue echado: ese fue el principio de los despidos, que superaron los 60 pese a que el Ministerio de Trabajo llamó sucesivamente a conciliación. Mientras esperan una nueva audiencia el lunes próximo, aseguran que no van a levantar el acampe que sostienen frente a la planta hasta que no reincorporen a todos los que dejaron en la calle.

Hace poco más de tres meses que la conducción de la industria asumió una posición dura para con los trabajadores, en medio de un escenario en que los empleados no cobran según la categoría que demanda el Convenio Colectivo de Trabajo y las condiciones de salubridad no son buenas. Precisamente, con la violación a las normas de higiene se vinculó el inicio del conflicto, que luego tomó el tinte de la persecución.

Un trabajador de la plata y un jefe de turno fueron los primeros en ser despedidos cuando hicieron caso a la práctica habitual de despejar la máquina que trabaja con margarina “con un palo que puede ser tomado del piso” mientras está en funcionamiento. “No sólo es riesgoso para la calidad sino que puede llevarse una mano” de quien acciona ese precario método, graficó Albino Rivas, uno de los cinco delegados que representan los intereses de 230 personas. Como el equipo se rompió, los desafectaron de la empresa pero tras un día de paro fueron reincorporados. Sin embargo, en cada reunión que mantenían la comisión interna planteó cómo se dañaban a los derechos laborales ahí dentro. Dos semanas después dejaron afuera a otros siete compañeros, tres de ellos siguen en lucha para volver a ser contratados.

Calsa “buscó causas de justificación absurdas cuando en realidad no existen” para no cargar con la responsabilidad ante el ministerio, entendió el referente, en diálogo con LA TERCERA. El cese de actividades se retomó con períodos de conciliación en el medio tras los que demostraron que todavía no era suficiente: se deshicieron de otros 52 trabajadores más, de modo que eran 55 en total los que reclamaban recuperar la fuente laboral. La empresa ofreció que sólo había lugar para tomar a 32 pero 28 decidieron “volver al paro porque no podían dejar a nadie afuera”, recalcó Rivas.

Diputados contra la persecución

Calsa “es una fábrica donde se consiguen aumentos superiores al Convenio” a partir de la organización gremial por lo que los despidos pueden entenderse como una herramienta para “aleccionar” y frenar el empuje de los trabajadores, definió Emiliano Bonfiglio, integrante del Partido Obrero de Lanús que acompaña las medidas de la comisión interna. Por eso, Guillermo Kane, diputado de la fuerza, impulsó un proyecto en la Legislatura bonaerense en “repudio” de las acciones y en pedido de la “inmediata reincorporación” del personal. Logró el apoyo de los demás bloques para decirle que no a la opresión.