Después de que pasaran seis décadas sin ningún vínculo contractual, el bloque justicialista presentó ayer un proyecto para que el Municipio regule la situación con la empresa SAT Ciudad de Río Cuarto, que presta el servicio de transporte público de pasajeros, y firme un contrato que establezca los derechos y obligaciones de cada una de las partes y fije las sanciones en caso de incumplimiento.

El mes pasado, cuando se discutió el aumento del boleto, el peronismo denunció que no habían podido encontrar en ninguna dependencia oficial el contrato de prestación de un servicio esencial como el transporte. Pocas horas después, el gobierno municipal señaló que el contrato no aparecía porque, en realidad, nunca existió. Sólo hay una especie de concesión de hecho, sin cláusulas escritas que regulen el transporte urbano.

Ahora, el concejal José Barotti acaba de presentar un proyecto de ordenanza para que la Secretaría de Servicios Públicos y Transporte redacte el contrato para reglamentar la relación entre la Municipalidad y la empresa que comenzó a operar en 1954 en la ciudad.

Jorge Méndez, secretario de Servicios y Transporte, había anticipado que el gobierno está preparando un contrato pero que recién prevé terminarlo a fines de 2013. La intención del justicialismo es apurar el proceso y determinar desde el Concejo Deliberante qué aspectos deberían estar incluidos en el vínculo.

“El servicio público, en su prestación, debe satisfacer necesidades comunitarias y su finalidad está dada en la eficaz atención de las necesidades colectivas, no necesariamente fundamentado en connotaciones empresariales, ni en la consecución de objetivos meramente económicos. Los valores que deben caracterizar a los servicios públicos deben ubicarse en la certeza, la estabilidad, la publicidad”, dice el proyecto de Barotti.

Y agrega: “Importa a la calidad de vida de los usuarios tener asegurado el derecho a servicios públicos con un nivel de prestación adecuado y eficiente, que tiendan al mejoramiento de las condiciones humanas y al bien común, en donde el Estado garantice su prestación integral y su acceso universal”.

Barotti planteó que una de las obligaciones del Estado es regular y controlar las prestaciones de los servicios públicos. “Ante la falta del instrumento contractual que determine claramente las pautas para la prestación del servicio de transporte urbano público de pasajeros en la ciudad, es necesario trabajar en forma urgente en la confección de un contrato que regule con claridad y eficiencia los requisitos, deberes y obligaciones, potestades, incumbencias, derechos, por los que debe regirse la relación de nuestra Municipalidad con la prestadora del servicio de transporte”, se lee en los fundamentos.

En el proyecto se enumeran los aspectos que deberían incluirse en el contrato y que, entre otros, están el tipo de concesión, el pliego de bases y condiciones, bases de la prestación del servicio, derechos y obligaciones del concesionario, derechos y obligaciones del Municipio, duración y extinción del contrato, infracciones y sanciones.