El Ministerio de Gobierno anunció una serie de medidas para el Servicio Penitenciario, que incluyen lo que muchos consideran una “intervención” de la alcaidía de Resistencia a través de la designación de un “fiscalizador normalizador” en la institución.
En la reunión de ayer encabezada por la ministra de Gobierno María Lidia Cáceres, se anunciaron importantes medidas para el Servicio Penitenciario.
Durante el encuentro, los funcionarios presentaron para consideración de la ministra una serie de medidas de implementación inmediata en el Servicio Penitenciario, más precisamente para la alcaidía de Resistencia.
Medidas
Concluido el cónclave, Churín e Ibarrola anunciaron las nuevas directivas, entre las que se destaca el “nombramiento de un fiscalizador normalizador de la institución que deberá ser un comisario inspector para cumplir funciones en la alcaidía de Resistencia”.
La función de esta suerte de interventor será “fiscalizar el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad durante las 24 horas”.
Para cumplir estas tareas se designarán “cuatro comisarios de la mayor jerarquía, quienes deberán elevar diariamente un informe detallado a la dirección de la institución”. El cargo será cubierto las 24 horas en turnos rotativos.
Asimismo, se dispuso que “toda vez que un interno sea asistido por un profesional (por ejemplo: enfermería o área judicial), este último lo hará acompañado por un celador masculino o femenino, según corresponda”.
Además, el personal femenino “será acompañado por un masculino en sectores que por motivos específicos haya internos varones”.
Por otro lado, se decidió la prosecución de las actuaciones administrativas iniciadas por el Servicio Penitenciario, a través del órgano de control institucional, y que ya fueran dadas a conocer por NORTE, como el pase a disponibilidad del jefe de la alcaidía de Resistencia comisario principal Juan Pasamani, del empleado a cargo de la oficina administrativa cabo primero Claudio Ledesma y del encargado de la cocina agente Alex Torres.
A una semana del crimen de la oficial Gómez, ocurrido el pasado jueves, esta serie de medidas configura una de las primeras y más contundentes intervenciones del Ministerio de Gobierno desde la asunción de Cáceres, quien ya había opinado que era necesario encarar reformas en la Alcaidía.
El crimen de Yamile
La oficial subayudante Yamile Gómez, de 23 años, fue asesinada de al menos 20 puñaladas por el interno César De la Concepción, que cumplía condena por el homicidio de su prima, dentro de una oficina de la alcaidía de Resistencia.
El crimen de la oficial Gómez puso bajo la lupa el funcionamiento interno y las políticas de seguridad en la alcaidía.
El sangriento hecho se produjo en un momento cuando ambos habían quedado solos en el lugar. Tras cometer el crimen, De la Concepción se suicidó.
Además de la consternación, el caso provocó enorme revuelo y puso en la mira las políticas internas, sobre todo en materia de seguridad de la institución carcelaria.
En cuanto a la investigación judicial, a cargo del fiscal Roberto Villalba, se están recibiendo las testimoniales de los delegados penitenciarios del Poder Judicial y de los compañeros que estaban acompañando a Yamile hasta instantes previos al ataque.
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