El contexto electoral hicieron que en su momento la toma de tierras en Merlo pudiera mantenerse por los cauces de negociación pacífica de cara a resolver el conflicto habitacional de las miles de familias que se encontraban en el lugar.

Pasado el balotaje, el escenario pareciera ser otro y una de las partes en pugna intenta avanzar en el desalojo de los ocupantes que vienen reclamando la intervención del estado ante la imposibilidad de acceder a una vivienda propia.

Cabe mencionar que la causa estuvo paralizada en función de que aún debía definirse qué juez era competente en el caso. En paralelo, se dispusieron medidas de seguridad en el lugar que tenían que ver con el impedimento de ingreso y egreso de materiales de construcción. Luego de que la Fiscalía 2 de Morón se hiciera cargo del proceso judicial, el abogado Nicolás Ramírez en representación de tres de los cuatro propietarios pidió formalmente el desalojo.

"En caso de que en los presentes actuados no se realice medida alguna que restituya la propiedad de mis asistidos, se correría el riesgo de que se legitime judicialmente un actuar delictivo", advirtió el abogado mediante un escrito.

Por ello, pidió se de la "orden judicial a los fines de garantizar el correcto ejercicio de los derechos constitucionales" de sus asistidos, dueños del predio ubicado sobre la ruta 1003 en ese distrito del oeste del gran Buenos Aires.

Así, la Justicia recibe el primer pedido formal de desalojo desde el inicio de la toma, donde por orden judicial se está realizando un censo de las familias y hay custodia dispuesta por el Gobierno bonaerense.