Según esgrime el artículo 279 de la Constitución provincial, los Municipios podrán ser intervenidas por el gobierno provincial cuando hay acefalía total de sus autoridades, para asegurar la inmediata constitución de éstas; o por grave desorden económico-financiero que se traduzca en la falta de pago de los servicios de la deuda pública y/o genere un déficit susceptible de comprometer la estabilidad financiera del municipio.

Asimismo, la intervención debe ser dispuesta por ley con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura Provincial.

Dicha ley indica la duración y da instrucciones precisas para cumplir el cometido de remover el impedimento de que se trata. En caso del inciso primero, el interventor designado por el Poder Ejecutivo debe llamar a elecciones para integrar las vacantes.

Los comicios deben efectuarse en un plazo de dos meses, a contar de la fecha del decreto de intervención y se utiliza el último padrón electoral aprobado. La intervención debe atender los servicios municipales, de conformidad con las normativas vigentes.