Gabriel Bermúdez el 14 junio del año pasado decreta la “caducidad de los servicios” de Transportes Carlos Paz, basado en la decisión de un juzgado que no da lugar a un amparo presentado por la empresa, y convoca a través de Fetap y Asetac a firmas en condiciones de prestar el servicio, ocasión en que se presentan Fono Bus, Sarmiento y Autobuses Santa Fe.

Luis Ibarra, director general de Operaciones de la Secretaría de Transporte, dijo a LA MAÑANA que desde el área se procedió en “ejercicio de las facultades y atribuciones que le da la ley en función de restablecer los servicios casi en el inicio de la temporada turística”. “La autorización provisoria cuenta con todos los dictámenes correspondientes y fue otorgada ante la imposibilidad de Transporte Carlos Paz de seguir operando”, acotó y agregó que “se tomaron todos los empleados de esa empresa y que lo actuado ha sido conforme a la ley”.

Recordó -en ese sentido- en el caso de Transporte Carlos Paz, se notificó al Ersep para que este procediera a “incautar unidades y clausurar boleterías”.

“Se habían constatado con anterioridad unas doscientas infracciones aproximadamente de Transporte Carlos Paz, como así también presentaciones reiteradas de la Aoita en el Ministerio de Trabajo por violaciones al Convenio Colectivo de Trabajo y a la Ley de Higiene y Seguridad”, dijo Ibarra.

El abogado Miguel Ortiz Pellegrini presentó una denuncia penal contra Bermúdez, por la concesión precaria a la empresa Autobuses Santa Fe del corredor Tanti-Cuesta Blanca en representación de Transportes Carlos Paz SRL, según se desprende de información periodística que se conoció ayer.

Según el letrado, la forma irregular y precaria en la que se ha permitido que dicha empresa haga uso del corredor demuestra una «violación enorme a la Ley de Transporte que prevé que en ningún caso se puede prestar ningún servicio sin estar inscripto. Además, Ortiz Pellegrini manifestó que se da «una desigualdad manifiesta con el resto de las empresas». La denuncia acusa a Bermúedez por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público».