El fiscal de Estado subrrogante, Javier Fernández, cuestionó algunas cláusulas del contrato por el alquiler de los tragamonedas del casino Central, que está en manos de Mendoza Central Entretenimientos. Pero Fiscalía no habría declarado nulo al contrato, como pedían los denunciantes. Los cuestionamientos no tendrían que ver con el punto más crítico de ese contrato, que es el canon de concesión que llevó las ganancias de la empresa del grupo Vila al 47% de los ingresos de los tragamonedas.

El dictamen será notificado hoy. Extraoficialmente se pudo saber que desde el organismo de control apuntan a modificar las cláusulas observadas. Entre ellas estaría la potestad de prorrogar o no la vigencia de ese acuerdo. Ese cambio podría dejar abierta la puerta para que el Estado, en caso de tener voluntad política, renegocie nuevamente el contrato. El contrato renegociado por el ex titular de del IPJC, Daniel Pereyra, curiosamente invertía el poder: le daba a la empresa la posibilidad de seguir si quería y no al Estado. Implícitamente extendía la vigencia aún antes de que llegara el vencimiento.

Pero el mismo dictamen no avanzaría sobre una de las claves del caso, que tiene que ver con los ingresos. Desde Fiscalía de Estado siempre advirtieron que no era potestad de ellos saber si el Estado ganaba o perdía dinero con la ecuación financiera realizada y que harían un análisis legal del contrato.

Durante la gestión de Celso Jaque el Gobierno renegoció el contrato de concesión por los tragamonedas del casino central. A cambio de la modernización de la sala y de la ampliación del parque de máquinas el Estado casi le duplicó las ganancias a la empresa Mendoza Central Entretenimientos. El canon pasó del 26% al 47% de los ingresos (actualmente se paga el 40% y el resto lo reclama administrativamente la empresa). Ese acuerdo fue cuestionado por los gremios y por un grupo de legisladores de la oposición, encabezados por la diputada Patricia Gutiérrez.