Los desarrolladores inmobiliarios publicaron ayer una solicitada en la que aclaran cómo avanzaron las negociaciones y cuestionan al Secretario de Medio Ambiente aunque dejan la puerta abierta para el diálogo. "Es cierto, hay malestar entre los desarrolladores inmobiliarios porque hubo cambios en ese borrador que habíamos consensuado durante una reunión en Santa Fe celebrada en mayo último", expresó un empresario consultado por este Diario. Además, dijo que "por ahora nos dijeron que el Gobernador (Antonio Bonfatti) traería una respuesta al planteo el martes cuando visite Rafaela".

En efecto, el ministro de Gobierno de la Provincia, Rubén Galassi, fue consultado sobre el problema el último martes cuando llegó a la ciudad para asistir a la presentación de los precandidatos a concejales por el socialismo y, en particular, al pedido de audiencia que había formulado el intendente, Luis Castellano. El funcionario se limitó a contestar -tal como publicó este Diario en la edición del miércoles- que el Gobernador daría una respuesta el martes, día en que estará en Rafaela para presidir el acto por el Día de la Independencia.

"Estamos muy preocupados porque las soluciones no aparecen. Estamos en el mismo lugar que el año pasado", lamentó el empresario consultado. Asimismo, admitió que la solicitada publicada ayer "generó algunas repercusiones pero nada oficiales, por lo que sólo estamos esperando al Gobernador y su propuesta".

A las empresas urbanizadoras les molestó las declaraciones de Mackler, publicadas el pasado 18 de junio, sobre el resultado de la reunión de mayo en Santa Fe, a la que habían asistido el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, el intendente Castellano, el jefe del Gabinete municipal, Marcos Corach, el titular del Concejo, Jorge Maina, autoridades de la EPE, de Aguas Santafesinas, el presidente del Centro Comercial e Industrial, Germán Gaggiotti y representantes de los desarrolladores inmobiliarios y entidades profesionales.

"En esa reunión, que era el punto final de varias preliminares, se repasó artículo por artículo un borrador de acuerdo que determinaba, entre otras cosas, la participación de los privados en la contribución monetaria a una responsabilidad netamente estatal como es la de proveer los servicios de agua y cloacas a la ciudad. En dicha reunión se estableció, entre otras cuestiones técnicas y formales, el pago de un canon en los futuros desarrollos inmobiliarios, que era el objetivo pretendido por las autoridades y conformado por los desarrolladores inmobiliarios", se consignó en la solicitada.

Agrega que "se estableció la metodología del pago referido y una vez leído y aprobado el texto, se determinó que se procedería a su firma en la ciudad de Rafaela en fecha cercana" y que "de esa reunión se dio la publicidad que reflejaba haber logrado un acuerdo que destrabaría las cuestiones que se encontraban en conflicto de intereses".

Sin embargo, cuando la Secretaría de Medio ambiente envía el texto definitivo a Rafaela "para coordinar el acto de la firma, el mismo se presenta con significativas modificaciones a lo acordado y aprobado en la reunión referida, haciendo imposible su cumplimiento, aceptación y firma".

Los desarrolladores locales aseguran que pueden probar los cambios a partir de que "todas las partes participantes de la reunión guardan copia de los distintos instrumentos y papeles de trabajo utilizados".

Los empresarios puntualizaron que "si bien el diálogo siempre está abierto y se ha solicitado una reunión directamente con el Gobernador a efectos de encontrar una solución definitiva a este grave problema que presenta la ciudad, lo que aquí explicitamos es la realidad de los hechos, independientemente de lo expresado públicamente por el Secretario Cesar Mackler en la nota referida".

Además, expresaron que "los potenciales adquirentes de lotes que no pueden avanzar en el trámite de la escrituración" no serán alcanzados por el canon que se pretende aplicar a futuras urbanizaciones. En este sentido, indicaron que "todos los desarrollos inmobiliarios que involucran a los potenciales adquirentes, presentaron expedientes y las obras se realizaron conforme a las exigencias municipales vigentes y fueron formalmente consentidas por las autoridades provinciales de turno. Durante la tramitación de los expedientes, ni el municipio, ni la provincia, informaron ni exigieron ningún estudio de factibilidad hídrica o ambiental de acuerdo a ninguna ley, decreto o resolución provincial".

Por último, señalaron que "las autoridades provinciales dentro de sus facultades, dictaron con fecha 22/11/2012 la resolución Nº 151 del Ministerio de Aguas ajustando y esclareciendo la aplicación de la ley Nº 11.717 y su decreto reglamentario Nº 101 (2.003), que son muy generales, para los “loteos con fines de urbanización” y modificaron las condiciones que se utilizaban para los desarrollos inmobiliarios, significando esto una variación en el sistema de las aprobaciones de los planos que se traduce en la imposibilidad actual de escriturar".