Desde el puerto de esta ciudad, el delegado sindical de los trabajadores de la estiba, Javier Castro, contestó a algunos gremialistas de Puerto Deseado que habían denunciado por los medios regionales la existencia de irregularidades en la contratación de los obreros en Caleta Paula.
Informó además que la cuota social, destinada por el gobierno nacional, "se está tratando de distribuir entre los permisionarios actuales y los que podrían llegar a existir, para que puedan hacer uso de las cinco mil toneladas de merluza las empresas que están radicadas en la Provincia".
A estas aclaraciones se sumó el representante de los empresarios de la flota amarilla de Caleta Olivia, Luis Jones, aunque fue más duro en la contestación, criticando también la actitud del concejal deseadense Raúl Mella al acusar irregularidades laborales en el puerto local.
"Creí que Mella era concejal de Puerto Deseado", ironizó, para luego aseverar que "no necesitamos que nos aconseje" a los empresarios caletenses.
Incluso dijo que los dueños de barcos "no tenemos ningún problema en que vengan Mella y alguna delegación de Puerto Deseado para constatar lo que ellos aseveran, de lo cual no sabemos si tienen pruebas fehacientes".
El empresario explicó que la Secretaría de Trabajo provincial efectúa inspecciones "en forma periódica, en todas las actividades que se desarrollan dentro del puerto", detallando además que "para renovar un permiso de pesca, uno de los requisitos es la presentación del Formulario 931, que es donde se declaran los aportes y contribuciones de los trabajadores".
En lo concerniente al cupo de merluza social que asignará la Nación a Puerto Deseado, para procesar durante los meses de veda de langostino, expresó que "nos preocupamos para conseguir el cupo social necesario para que ellos también tengan trabajo. No fuimos egoístas y le trasladamos ese cupo que anteriormente tenía Caleta Olivia", añadió.
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