Desde distintos ámbitos buscan disminuir el empleo en negro que, lamentablemente, llega a extremos que van desde el trabajo esclavo hasta la explotación infantil. Un proyecto de ley para frenar los beneficios que el Estado otorga a los empresarios que realizan esta práctica ilegal, un crecimiento en las denuncias anónimas, la difusión en los medios de comunicación y los operativos conjuntos son algunas de las respuestas a la problemática. Sin embargo, muchos aún siguen trabajando en condiciones infrahumanas aunque varios empresarios cambiaron de actitud.

En nuestra provincia, el trabajo rural –si bien no es el único sector que realiza esta práctica de explotación laboral– es el que más impacta por las malas condiciones que se les brinda a los trabajadores. Carpas y toldos sostenidos por unos palos, empleados no registrados, niños en las fincas, mínimas condiciones sanitarias son muestras del panorama detectado. Todo comienza con una denuncia, que puede ser anónima. Luego, la Subsecretaría de Trabajo empieza la investigación y, finalmente, ejecuta el operativo en el lugar señalado. Ricardo Nasif, jefe de la Delegación Tunuyán, comentó que este año se ha mantenido el nivel de controles en comparación con el año pasado.

En la zona del Valle de Uco se realizaron varios operativos de control y se detectaron varias irregularidades, principalmente a la hora de no cumplir con las condiciones de higiene y seguridad. "Lo más importante ha sido el crecimiento, tanto de las denuncias anónimas como de las personalizadas. También ha servido bastante el trabajo en conjunto con la AFIP y la Policía Rural. No puedo dejar de nombrar la participación de la Justicia federal, que ya comenzó las investigaciones en los casos de trata de personas en los que el Gobierno ya ha pedido a la Secretaría de Derechos Humanos que sea querellante en algunas causas que aún no tienen imputados pero está avanzando", aclaró Nasif.

El funcionario de Tunuyán señaló que los medios de comunicación han tomado un papel relevante para que la población se anime a denunciar cuando existan estas irregularidades. "La difusión ayuda a mostrar que se están haciendo acciones para combatir estas situaciones", señaló el jefe de la delegación.

SIN BENEFICIOS. Entre otras de las medidas para revertir la situación, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que impide el acceso a beneficios fiscales, impositivos, económicos o financieros dispuestos por la Provincia a los empleadores que tengan antecedentes en el Registro de Infractores Laborales de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza. El objetivo de la medida, impulsada por el diputado justicialista Gustavo Arenas, es erradicar el trabajo esclavo y la explotación infantil.

Este proyecto contó con el impulso del Ejecutivo y las adhesiones de la CGT, la fundación FAVIM, y los gremios SUTE, Secasfpi y Sitea, entre otras organizaciones. La media sanción fue votada por unanimidad y el proyecto busca sancionar a los empresarios que realicen la contratación de mano de obra violando las normas previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad en el trabajo.

Además, prevé sancionar acciones que puedan implicar delitos relativos a la libertad de los trabajadores, tipificados en el Código Penal o en la Ley Nº26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. El proyecto de Arenas también señala que, para acceder a cualquiera de los beneficios indicados, el empleador deberá acreditar mediante certificación de la autoridad competente que no está incluido en el Registro de Infractores Laborales, e indica que, en el caso de las personas jurídicas, ese requisito debe ser cumplido también por la totalidad de sus directivos.

"Con esta ley se busca una solución de fondo a esta problemática, ya que, actualmente, el Estado sólo puede labrar actas de infracción ante la aparición de casos, los cuales se siguen repitiendo. Los mendocinos les damos subsidios y otros beneficios fiscales e impositivos a las empresas. Ahora, lo único que les exigimos a estas para que puedan acceder a esos beneficios es que no exploten a niños y no tengan en situación de esclavitud a los trabajadores", expresó Arenas.

Ahora, el proyecto se discutirá en diferentes comisiones de la Cámara de Senadores como la de Asuntos Constitucionales y desde ya tiene buena aceptación. Para la legisladora Alejandra Naman es una muy buena medida, que ayudará a detener estas acciones ilegales. Pero destacó que el control es fundamental, algo que se ha demostrado en los allanamientos en el campo en nuestra provincia y a nivel nacional con los talleres textiles. "Está muy bien sancionarlos, pero hay que fortalecer los operativos", señaló Naman, y reconoció que el Estado tiene muy pocos inspectores: "No sólo en la Subsecretaría de Trabajo, sino también en varios ámbitos se necesita el control. Aún nos falta mucho para erradicar la explotación laboral".

Algunas críticas

Desde la UCR y el PD apoyaron conceptualmente el proyecto de ley del diputado Arenas, que busca quitarles el beneficio impositivo a los empresarios que sean detectados explotando a sus trabajadores. Sin embargo, el senador Sergio Bruni (UCR) pidió que el Gobierno deje de gastar tantos recursos en posicionar el Ejecutivo frente a las elecciones y utilice ese dinero para realizar controles. Por su parte, Carlos Aguinaga (PD) indicó que la Nación desde el 2003 ha hecho muy poco en la materia.