En la jornada de hoy, los integrantes de este cuerpo estuvieron abocados a analizar y perfeccionar un anteproyecto de estatuto - elaborado por la comisión especial que asesoró a la universidad en el proceso tendiente a buscar alternativas a la cobertura que históricamente brindó la Caja de Servicios Sociales- para elevarlo al Consejo Superior, que se reunirá el lunes 27 de mayo en San Julián. Se espera que durante esa sesión extraordinaria se apruebe la normativa y se establezcan las condiciones mínimas para la contratación de un prestador de servicio social.

Cabe recordar que el Consejo Superior aprobó la creación de la obra social en el marco de la Ley 24. 741, con individualidad jurídica, financiera y administrativa propia e independiente de la estructura de la universidad y contemplando la contratación de un prestador único para todo el personal hasta tanto se consolide la organización propia.

Estuvieron presentes en la reunión de la Comisión Permanente de Asuntos reglamentarios la rectora Eugenia Márquez; los decanos de las unidades académicas San Julián, Claudia Malik de Tchara; Río Gallegos, Alejandro Súnico y Río Turbio, Marcos Oyarzún; y la vicedecana de esta última sede, Mónica Assat.

Próximos pasos

La rectora Eugenia Márquez manifestó que la Comisión “está abocada a hacer una revisión de la propuesta de Estatuto y a tomar ciertas decisiones que tienen que ver con algunas alternativas que esa propuesta contempla” y adelantó que “una vez que el Consejo Superior apruebe esta normativa el paso siguiente es convocar a los afiliados para que en asamblea, ya sea directa o con representantes, que es una de las cuestiones que debe abordar este proyecto, se apropien de ese estatuto, lo validen y en función de ello lo aprueben”.

Márquez indicó que “las características de la obra social están planteadas por la propia ley” y en tal sentido explicó que “su consejo estará conformado por un 50 por ciento de miembros definidos por el máximo órgano de gobierno de la universidad, que es el Consejo Superior, y un 50 por ciento elegido entre los trabajadores”.

Respecto de la contratación, inicialmente, de un tercero como prestador, indicó que “eso deberá definirlo la propia obra social de la universidad. No obstante, recordó que “los lineamientos que se marcan desde el consejo superior son que durante un período de 2 a 3 años, como mucho, mantenga este esquema hasta tanto se avance en el análisis y en la definición de todos y cada uno de los temas que se requieren para una contratación directa de los prestadores”.

La rectora comentó que “son muchas las universidades nacionales tienen obra social propia” y que “un número importante de ellas tiene tercerizados sus servicios” y aclaró que “hay buenas y malas experiencias en todos lados y en cualquiera de los esquemas alternativos que se proponen”.

“Lo más significativo son los recursos humanos que se incorporen en este nacimiento de la obra social. Las clave está en el perfil de aquellos que tengan como responsabilidad la gestación de un servicio que es realmente muy importante para la vida de cualquier trabajador. El resto se hace con el trabajo y la seriedad que requiere cualquier organización”, acotó.

Por último, Márquez informó que las prestaciones de la Caja de Servicios Sociales para el personal docente y no docente de la institución “se van a mantener mientras las universidad pague al inicio de cada mes los aportes de los afiliados” y aseguró que la obra social de la universidad “va a estar en funciones plenas en el transcurso de este año.