Todo apuntando fundamentalmente a minimizar la contaminación del río Pilcomayo por la explotación minera en la zona andina boliviana, además deanalizar las construcciones de proyectos de infraestructuras como obras de riego, embalses y carreteras que pudieran estar afectados la fauna ictícola.

A partir de la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional entre la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República de Argentina -ADPRA- y el defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Rolando Villena Villegas, este último le peticionó al defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, que en el marco del Plan Estratégico Institucional, que entre sus líneas prioritarias se encuentra la protección del ambiente, de la fauna ictícola del Pilcomayo y la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, colaboración y apoyo para que a través de una Unidad Nacional de Atención y Solución de Conflictos, se puedan llevar adelante una serie de trabajos.

Refiere a labores de investigación, identificar los mecanismos que logren aplicarse en forma inmediata, tanto en la zona de Bolivia, Paraguay y Argentina, con el objetivo de minimizar la contaminación del Pilcomayo, agravada por los desechos tóxicos que se vierten a dicho curso hídrico por la explotación minera en la parte sndina de Bolivia, y también analizar las construcciones de proyectos de infraestructuras como obras de riego, embalses y carreteras que se han construido en territorio paraguayo y srgentino que han generado cortes en el curso del rio y desniveles que afectan a las zonas tradicionales de pesca”.

Una de las líneas prioritarias es ver la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas altamente vulnerables que viven en el departamento de Tarija al sur de Bolivia, y que tienen como forma de subsistencia la pesca en las orillas del Rio Pilcomayo. Es el caso del pueblo indígena Weenayekke, compuesta por cerca de 1.200 familias y 6.000 personas que se encuentran en peligro de desaparición por escasez de peces en el señalado rio, ya que a la fecha la existencia de estos ha disminuido en casi un 90%.

Gialluca, como integrante de la Comisión Directiva de ADPRA, anticipó a su par de Bolivia que tendrá “por parte nuestro todo el apoyo necesario y también gestionaremos que las áreas competentes ya sean nacionales o provinciales argentinas, se sumen a los trabajos que sean necesarios con la Unidad Nacional de Atención y Solución de Conflictos identifique los mecanismos que se puedan aplicar a las problemáticas de contaminación del rio Pilcomayo, en las altas cuencas”.

“Formosa –dijo- es una de las jurisdicciones más interesada en que las aguas del río Pilcomayo, ingresen a nuestro territorio, de modo normal y sin contaminaciones, pues también debemos garantizar y prevenir con acciones concretas, que toda la fauna ictícola de la zona sea apta para el consumo no solamente de las comunidades de pueblos originarios, sino también de pueblos y ciudades que se encuentran ubicadas en el centro oeste de nuestra provincia, y para las cuales el rio se constituye en un cauce de vida”.