El veto parcial al Presupuesto 2011 (Ley 8.383), interpuesto por el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado (interinamente a cargo de la gobernación), encendió la alarma entre los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Precisamente, el decreto en cuestión, que lleva el número 4.505, afectó a 135 trabajadores, quienes no podrán pasar a planta permanente.

"El año pasado firmamos un acta compromiso en la que se dejaba en claro que la repartición no contratará a ninguna persona que no sea familiar directo de algún empleado de la DPV. Sin embargo, ahora nos damos con la desagradable sorpresa de que muchos compañeros no saldrán de la precariedad laboral", dijo Juan Giménez, dirigente de la lista Naranja.

A través de una nota dirigida a Racedo, los empleados solicitaron una audiencia para que les expliquen los motivos por lo que se vetó el beneficio de la titularidad para los operarios. "Queremos decirle a Amado que el departamento Monteros, de donde es él, fue el más beneficiado por Vialidad. Con la ampliación de planta permanente para 135 empleados, no creemos que se vaya a desfinanciar la provincia. Nuestros compañeros de trabajo nos preguntan qué es lo que está pasando y necesitamos que desde el Gobierno justifiquen esta determinación", reclamó Roque Valdez, también de la DPV.

Complementariamente, los trabajadores solicitaron la reglamentación de la Ley 5.567, que data de noviembre de 1983. A través de la norma, la provincia adhiere al régimen del Estatuto de Escalafón Vial (Ley nacional 20.320). En este sentido, en abril pasado se elevó una nota al secretario de Obras Públicas de la provincia, Oscar Mirkin, solicitando la conformación de una comisión mixta en los términos del artículo 4º de la ley 5.567. Dicho artículo establece: "facultar al señor secretario de Estado de Obras y Servicios Públicos a designar una comisión mixta, integrada por representantes del personal jerárquico de la DPV y representantes de los trabajadores".

Un dictamen firmado por el fiscal de Estado, Pedro Giudice (6 de julio de 2010), observa: "no existen objeciones legales que formular para que el Secretario de Obras Públicas proceda a la designación de la Comisión Mixta a la que alude el artículo 4º de dicha normativa en la forma que indica la misma".