Empleados de las empresas vinculadas al Gobierno bonaerense podrían participar en los beneficios que generen e intervenir en la conducción. La medida afectará a Ferrobaires, Astillero Río Santiago, Ceamse, Centrales de la Costa, a las distribuidoras de energía y a las concesionarias de las rutas.
LA PLATA (Corresponsalía).- Los trabajadores y las trabajadoras de las empresas públicas o privadas con participación del Estado de la provincia de Buenos Aires podrán intervenir en la conducción, el control de la producción y obtener una parte de las ganancias que generen, en caso de que sea aprobado un proyecto de la CGT que avanza en la Legislatura bonaerense.
La central obrera impulsa para la última sesión de la Cámara de Diputados provincial la media sanción de un proyecto que podría significar un fuerte espaldarazo a las gestiones que el dirigente Héctor Recalde lleva adelante en el Congreso de la Nación con "el Grupo de los 6" representantes del empresariado.
La iniciativa del diputado provincial Jorge Mancini, secretario general de los trabajadores del Ceamse, establece que "las empresas propiedad del Estado provincial, o en las que el Estado provincial forme parte, deberán incluir en sus órganos de conducción y de control la participación de sus trabajadores, en una proporción no inferior al 30% de los integrantes de sus distintos órganos".
Las empresas o asociaciones "que contraten con el Estado provincial, o presten servicios por cuenta de éste", también "deberán garantizar formas de participación de sus trabajadores", característica que será tenida en cuenta en licitaciones.
La participación de los trabajadores en la conducción, control en la producción y participación en las ganancias será obligatoria también para las empresas expropiadas y recuperadas por ley de la provincia.
Fuertes avales
El proyecto cuenta con el aval del Frente para la Victoria y de la UCR. Ya fue aprobado en la Comisión de Trabajo, que preside Mancini, y esta semana la Comisión de Legislación General, conducida por el radical Juan José Cavallari, emitiría el dictamen favorable para que sea tratado sobre tablas en la última sesión de la Cámara de Diputados el próximo miércoles. "Falta que se expidan algunos legisladores que aún no lo han hecho, aunque hay predisposición para que se apruebe en la próxima sesión" afirmó el diputado de la UCR a LA CAPITAL.
El miércoles pasado, en la reunión que el legislador moyanista tuvo con el ministro de Trabajo Oscar Cuartango y los representantes gremiales de los trabajadores estatales -UPCN, Fegeppba y ATE- para acordar reformas al régimen de trabajo, el titular de la cartera bonaerense se mostró "complacido" con el proyecto, aseguraron colaboradores de la Comisión. "No hay razón para retener más el tema", dijo Cuartango en un espacio del encuentro en el que Mancini expuso brevemente este y otros proyectos.
Ministro de acuerdo
El ministro de Trabajo bonaerense ya se manifestó públicamente a favor de la distribución de las ganancias en el sector privado como pretende Héctor Recalde en el Congreso, sin embargo, ayer voceros del funcionario expresaron que "por ahora no hay opinión (del ministro) sobre el tema" y prefirieron quedarse al margen del debate parlamentario a nivel provincial. Esto en el marco de una desmejorada relación entre la CGT y el gobierno Nacional. Además, la medida implicará que empresas estatales como Ferrobaires, Astillero Río Santiago, Bagsa, Ceamse y Centrales de la Costa tengan que abrir sus libros y distribuir una parte de las ganancias.
Pero la mayor presión la ejercerán las empresas privadas que prestan servicios al Estado como Edelap, EDEA, EDEN, EDES, la distribuidora de Gas Camuzzi y las concesionarias de los peajes en las rutas provinciales. Para estas últimas el proyecto es algo impreciso y tan sólo exige que garanticen "formas de participación de sus trabajadores".
El proyecto, a diferencia del texto que se discute en el Congreso, no estipula cuánto será el porcentaje de ganancias que será aplicable de distribución para los trabajadores, número que en definitiva decidirá el propio Poder Ejecutivo en la eventual reglamentación de la ley. En el arco gremial, los dirigentes gremiales celebraron la iniciativa que Mancini mencionó "tangencialmente" el miércoles pasado.
Jorge Baldovinos, secretario gremial de Fegeppba reconoció que sería una señal política hacía la discusión en el ámbito nacional que el proyecto tenga media sanción aunque supeditó la sanción a que el tema avance en el Congreso.
Información de la empresa
A fines de que los trabajadores ejerzan estos derechos los sindicatos con personería gremial en cada empresa podrán exigir de las empresas un balance social que informe sobre condiciones de trabajo, empleo y costo laboral.
El balance incluirá la cuenta de ganancias y pérdidas, el estado y evolución económica y financiera de la empresa y del mercado en que actúa, incidencia del costo laboral, la evolución de la masa salarial promedio con información sobre el personal, estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades inculpables, tercerizaciones, subcontrataciones efectuadas y programas de innovación tecnológica y organizacional que impacten sobre la plantilla de personal o puedan involucrar modificación de condiciones de trabajo.
Además cuando las empresas tengan que adoptar decisiones relativas a su inversión, capitalización, modificación en su planta de personal, innovación tecnológica, cambios organizacionales, deberá consultar previamente a la entidad sindical a fin de que, con los elementos de juicio suficientes, fije posición al respecto.
Ambito provincial
Al calor del debate entre las dos centrales sindicales -CGT y CTA- y el denominado "Grupo de los 6" -integrado por la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos Privados y la Cámara de Comercio- el diputado Jorge Mancini pretende hacer efectiva la participación en las ganancias con control de la producción y colaboración en la dirección "en el ámbito y dentro de las competencias" que la Constitución admite. En los fundamentos del proyecto el legislador afirma que "la participación de los trabajadores es una de las formas más eficaces para atemperar el abuso del poder por el empleador y una de las firmes modalidades de arraigar a las empresas y evitar que el capital se vuele apenas vientos de crisis amenazan llegar".
Además sostiene que "tiende a hacer real el postulado de llevar ciudadanía a la empresa, y recrear en todas las instancias de la economía el involucramiento de una sociedad comprometida".
Definición conceptual
"La participación puede ser definida, a falta de conceptos legales, como la actividad de los trabajadores, ejercida por sí o por terceros, de base legal o convencional, por medio del cual los sujetos indicados pasan a cumplir un rol activo en la organización empresarial, restringiendo o compartiendo el poder empresario sin alterar la estructura de propiedad".




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