La funcionaria afirmó que “no son 100 los despidos”, instando a la edil y a los sindicalistas “que se informen antes de dar información errónea”. Seguidamente, dio cuenta de que “los empleados presumariados son 30”. En este orden explicó que las sanciones pueden ser por abandono de servicio, por los hechos del 23 de diciembre y 19 de enero, “motivo de la toma al municipio” y “sobre conductas indisciplinadas de los empleados”.

A su vez, apuntó que “los efectivos sin goce de haberes son 20 empleados, quienes están siendo investigados en proceso sumarial” por la fecha citada.

De esta forma, sostuvo que “de ninguna manera son ilegítimos los sumarios por cuanto existen elementos o pruebas de cargo, donde se investiga presumarialmente, recolectando la información y una vez corroborada o presumible la participación, se instruye el instrumento”.

“El estatuto faculta -en el artículo 59- en cualquier instancia a suspender preventivamente, lo que no implica que estén despedidos”, afirmando que “no se despidió ni uno”.

El municipio cesanteó a sólo 3 empleados “por abandono de servicio”. En este sentido, uno “ha faltado 35 días y otra 15”. “El estatuto prevé que faltar 10 días en año calendario ya incurre en abandono de servicio y faculta a ser cesanteado sin sumario administrativo”, indicó.

En cuanto a los 30 presumariados, aclaró que si se comprueba la falta puede caber la cesantía, pero en caso contrario, serían restituidos a sus labores.

Por otra parte, en diálogo con La Brújula, ejemplificó los sumarios labrados, “donde uno reconoce el hecho mediante vía Whatsapp vinculando a un gremialista, quien lo lleva a pintar la pileta municipal”. “No obstante, está en tramitación el expediente del sumario; no fue despedido”.