Desde fines de 2011, el ingeniero José Luis Ramos se desempeña como consultor de Areas Rurales en el Ministerio de Derechos Humanos de Salta, con sueldo de director. El mismo profesional, sin embargo, confecciona los planos de mensura con los que laderos del poder político se apoderan de tierras de la Provincia mediante juicios posesorios teñidos de ilegalidad.Es lo que está sucediendo hoy con el lote fiscal 65, de casi 2.000 hectáreas, que fue usurpado hace poco más de tres años en el sur de Anta. En una denuncia presentada ante la Fiscalía de Estado el 13 de julio de 2011, pequeños productores de la zona señalaban a los intrusos, Roberto Montenegro, Ramón Abel Burgos y Horacio David, como "meros testaferros de conocidos políticos de la Tercera Sección del Departamento de Anta, que son los mismos políticos involucrados en las irregularidades del Lote Fiscal 37 de Tolloche".Los lugareños se referían así al presidente de Diputados, Manuel Santiago Godoy; el titular del Bloque Justicialista de esa Cámara, Pedro Sández, y el intendente de El Quebrachal, Leonardo García, considerados como principales responsables de las maniobras defraudatorias que terminaron con ocho lotes desadjudicados, en junio de 2011, en medio de un escándalo.Esas parcelas de 500 hectáreas estaban destinadas a colonos, pero con actas fraguadas se hicieron de algunas de ellas parientes, empleados y otros presuntos testaferros de Godoy, Sández y García. Aunque esos lotes entregados en 2007 a precio simbólico no podían enajenarse por diez años, terminaron revendidos meses después de su adjudicación a valores de mercado. Por el fraude, están procesados desde fines de 2013 ocho falsos colonos, incluidos Luis Alberto Díaz (cuñado del diputado Godoy), Jorge Díaz (cuñado de García), varios empleados del Municipio de El Quebrachal y allegados del diputado Sández.2.000 hectáreas en vilo. La Provincia está a un paso de perder el lote fiscal 65, por inacción o complicidad estatal.

Uno de ellos, Félix David, es hermano de uno de los supuestos testaferros que se introdujeron en el lote fiscal 65 a mediados de 2011 y comenzaron a explotar sus recursos madereros con talas ilegales. De sus tropelías daban cuenta tempranamente los lugareños, que pedían a la Fiscalía de Estado urgentes acciones de desalojo para proteger esas tierras del patrimonio público de los salteños. El 18 de julio de 2011 la denuncia pasó de la Fiscalía de Estado al Ministerio Público, después al Ministerio de Ambiente y finalmente a la cartera Desarrollo Económico. Ningún organismo hizo nada y hoy, lamentablemente, todo lo que se advertía hace tres años sucedió con complicidad estatal.Con sendos planos que les confeccionó el ingeniero José Luis Ramos y ya hicieron aprobar en la Dirección General de Inmuebles, los usurpadores quedaron a un paso de apoderarse de estas tierras, invocando supuestos derechos de posesión "veinteañal" ante permeables juzgados del Distrito Judicial del Sur.En un informe periodístico que publicó ayer, El Tribuno dio cuenta de esos y otros juicios posesorios en los que allegados de Godoy y Sández se repiten como actores y testigos. Dichos expedientes tienen en juego miles de hectáreas, tanto del dominio público como de titulares registrales particulares, en Anta.En uno de los juicios, patrocinado por la hija del presidente de la Cámara de Diputados, Natalia Godoy, fue propuesto como testigo el propio diputado Sández. El actor es Héctor Ramón Saravia y están en juego 4.939 hectáreas de la empresa Pyrennees. También en este caso, el plano de mensura fue presentado por Ramos.Según registros del Copaipa y del Boletín Oficial, José Luis Ramos es un ingeniero en construcción que fue designado el 22 de diciembre de 2011 como asesor de Areas Rurales, en el Ministerio de Derechos Humanos. Antes, había integrado el equipo que implementó el Sistema de Información Catastral (SIC) de Inmuebles