Sobre el primer eje, explicó que si bien se trata de la denuncia de delitos electorales, esta investigación no influiría directamente sobre el resultado de la elección sino que se trata de mandar a abrir las urnas para verificar su contenido.

“Evidentemente, esta serie de anormalidades que indicamos desde el primer día, van tomando consistencia a medida que avanza el tiempo” señaló, para agregar que de las urnas abiertas podría resultar la inconsistencia de las resoluciones que ha tomado el Tribunal Electoral, que como se recordará tomó las decisiones inherentes a nulidades o convalidaciones de mesas en el marco del escrutinio definitivo, concluido el último 31 de marzo.

Touriñan informó que las 23 urnas que se abrirán por orden judicial corresponden a diversas localidades de la provincia y reiteró que se trata esta vez de la esfera de la justicia Penal y no la Electoral, para agregar que tampoco tendría mérito en el Superior Tribunal de Justicia, que analiza en la fecha la apelación de la fuerza para llamar a elecciones complementarias en seis mesas declaradas nulas de manera definitiva.

En cambio la investigación sí tendría relevancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de registrarse una apelación en la tercera instancia.

Sobre las irregularidades que reúne la presentación partidaria que dio marco a la medida adoptada por la fiscal Suárez García, Touriñan expuso por ejemplo que en la mesa 531 de Comodoro Rivadavia hubo 16 electores agregados al padrón que no se correspondían con autoridades de mesa ni fuerzas de seguridad.

“Esa mesa fue anulada tras apelación por el STJ, y el presidente de esa mesa, que es quien puede autorizar esos agregados, es nada menos que José Luis Alassia, secretario de Hacienda de (Martín) Buzzi, con lo cual uno se queda pensando. No creo en brujas, pero que las hay las hay, y no creo en fraudes, pero los hay”.

“LEGITIMADOR PROFESIONAL”

Finalmente, el diputado provincial dedicó un párrafo a rebatir las declaraciones del constitucionalista Gregorio Badeni, que en entrevistas publicadas ayer por algunos diarios argumentaba que no es razonable votar nuevamente en elecciones complementarias.

Sobre él, Touriñan dijo que podrá tener renombre, pero es el mismo constitucionalista que ha dicho que la ley nacional de servicios audiovisuales es anticonstitucional, lo que fue tirado por tierra por la Corte Suprema de Justicia.

“Esa es la consistencia que tiene. Son de esos legitimadores profesionales, que con el mote de constitucionalistas andan vendiendo sus servicios por el país y escriben lo que quiere que escriba el que les paga”, concluyó Touriñan.