En agosto del año pasado hubo una denuncia contra el mismo agente que ahora está señalado como el dueño del celular con el que se filmaron las vejaciones. En ese momento no se le dio importancia.
El expediente fue desempolvado por el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, para que sea agregado a la causa principal iniciada luego de que se difundieran los videos que mostraban a los guardiacárceles torturando a los internos.
La presentación contra Perón fue hecha en agosto del año pasado en una fiscalía Capital, y nunca hubo una instrucción exhaustiva. Quien hizo la denuncia aseguró que había sido víctima de abusos y tormentos por parte del agente. Sin embargo, no habría existido ningún tipo de comunicación hacia las autoridades penitenciarias para alertarlas del caso, que, finalmente, quedó reducido a la calificación de "lesiones leves".
Desde la Procuración solicitaron que todas las causas vinculadas con agentes penitenciarios sean remitidas a Santiago Garay para que sean revisadas; especialmente, porque un porcentaje muy alto corresponde a falsas acusaciones hechas por presos o por sus familiares. "Pero todas deben ser investigadas, porque, de lo contrario, se nos puede escapar algún caso grave. Si esta denuncia concreta no fue instruida como correspondía, pediremos los informes a sus responsables", aseguró Teresa Day, a cargo de la Coordinación General de Ministerio Público.
"Es un dato que no manejábamos, pero que sirve para estudiar qué fue lo que realmente sucedió", señaló María José Ubaldini, directora de Derechos Humanos de la provincia.
Daniel Perón está acusado actualmente por aplicación de torturas y tormentos, una figura delictiva que contempla una escala penal que va de los 8 a los 25 años de prisión. De acuerdo con la pesquisa, está apuntado como el dueño del celular con el que se filmaron los vejámenes. El celular después despareció y cayó en manos de alguien que decidió hacer públicas las imágenes.
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