Un proyecto de resolución que ingresó a la Legislatura propone investigar la situación de 23 departamentos del emblemático edificio de la zona del Alto.
El proyecto de resolución solicita al ministerio de Defensa y a la secretaria de Derechos Humanos del Gobierno Nacional que investiguen los mecanismos utilizados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad para “apropiarse” de estas viviendas.
La iniciativa, presentada por la diputada de la Coalición Cívica-ARI, Beatriz Kreitman, exige además al Banco Hipotecario (ex Nacional) la entrega de la documentación que adjudicaba esas 23 unidades habitacionales a socios de la Cooperativa del Periodista Limitada, quienes habían aportado para la compra del terreno y otorgado anticipos del valor del departamento.
El objetivo es que, de comprobarse irregularidades en el procedimiento se reintegre las propiedades "a sus adjudicatarios originales o a quienes demuestren derechos, más el resarcimiento que correspondiere”, expresó Kreitman en el proyecto.
¿Qué pasó con la cooperativa?
La legisladora sostuvo que, producido el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, quienes usurparon el poder intervinieron los gobiernos y sus cuerpos legislativos, pero también pusieron especial cuidado en tomar el dominio de las organizaciones sociales, entre ellas las cooperativas, a la que calificaban especialmente por el supuesto encuadramiento ideológico de sus asociados.
“En nuestra provincia, el caso más particular fue el de la Cooperativa del Periodista, cuyos dirigentes fueron desplazados cubriendo el cargo de interventor el suboficial mayor Ulises Normando Baca Cau, hoy con residencia en la provincia de La Rioja”, recordó.
La torre, que finalmente se denominó Periodistas I, fue impulsada originalmente por varios periodistas neuquinos de aquella época, como por ejemplo –recuerda el proyecto- Enrique Oliva, quien fue además rector de la Universidad Provincial del Neuquén.
“Durante todos los años que duró la dictadura, la torre mutó de ser una salida para los problemas habitacionales de los periodistas a ser una especie de barrio Militar, situación que todavía se mantiene, aunque hay señales que indican que algunos de los departamentos se vendieron”, relató Kreitman.
La diputada aseguró que desde entonces, “es constante la rotación de personal militar en los departamentos, los que supuestamente tienen la condición de inquilinos”.
“Consideramos que este arrebato de un bien debe terminarse de la forma más justa, que es reintegrando los departamentos a sus adjudicatarios originales o a quienes tengan derechos sobre ellos”, afirmó respecto del proyecto que está en el debate de las comisiones.
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