Debido a la decisión del ANSES de pedir una declaración jurada, con la firma de un funcionario responsable de la administración provincial, muchos que intentan ser beneficiarios de la Asignación Universal por hijo, concurrieron por cientos a Casa de Gobierno a buscar esa firma. En la casa del pueblo puntano, los recibieron con las puertas cerradas y como si se tratara de una invasión extranjera, no dejaron ingresar a nadie.
Sosa Araujo, se mostró flojita de cintura política al comenzar el diálogo con la gente, puesto que en lugar de dar soluciones, comenzó a ensayar el ya clásico y aburrido discurso oficial de la discriminación y de que, por dejar afuera a los beneficiarios provinciales, la asignación carecía de universalidad.
La situación no le fue ni grata ni fácil a la Secretaria General, y tuvo que recurrir a medidas eficientes y no al discurso político, puesto que mucha de la gente que estaba presente, le hizo notar que la situación económica de los allí presentes, está muy lejos de la de la propia funcionaria, y le comunicaron que no tenían dinero para un colectivo para dirigirse a la ex Colonia Hogar.
Fue entonces que, tras un breve cruce de palabras con el oficial de Policía a cargo del operativo de seguridad, que les comunicó a los presentes que tras una hora más de espera, estarían habilitadas las mesas en la misma Casa de Gobierno, así nadie tenía que gastar lo que no tienen, para ir a donde no querían ir.
Con los hechos ya en la realidad, uno se puede dar cuenta de cuánto autismo tiene este gobierno provincial, porque lo que se solucionó en minutos, tendría que haberse pensado hace ya un tiempo y no jugar, como siempre, con la necesidad de la gente que menos tiene.
Algún día, nuestros funcionarios tendrán que entender, y créannos que no es tan difícil, que esta gente pide comida, no un cero kilómetro o una mansión en El Durazno.
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