Neuquén> La directora de Desarrollo Urbanístico del Instituto Provincial de la Vivienda, Marité Zuch, afirmó que el “40% de las personas que toman terrenos lo hace para comercializarlo”. Explicó que denunciarlas es “imposible” ya que los afectados no se animan a hacerlo por miedo a que tomen represalias. La funcionaria insistió en que es necesaria una norma que prevea esta práctica como un delito.

“El problema es que no tenemos pruebas, porque yo le pregunto a la persona que compró y me dice que no va hacer la denuncia porque después le prenden fuego la casilla, la agarran de noche. Hay temor, hay como terratenientes que se manejan dentro de las tomas, agarran tres o cuatro lotes y los venden”, denunció Zuch.

La directora de Desarrollo Urbanístico del IPVU y miembro de la comisión de resguardo territorial conformada en los últimos días ante las reiteradas tomas de terrenos, remarcó que “la gente tiene miedo”.

“El año pasado fue uno de los que más hubo incendios en las casillas, si bien pueden ser por las malas instalaciones eléctricas, también tenés los que se dieron porque estas personas que se apropian de varios terrenos y los venden sino les pagan a la noche les prenden fuego la casilla”, afirmó Zuch.

Aunque estas situaciones se tratan de evitar, según comentó la funcionaria, “es muy difícil sino hay una norma que ampare desde lo legal”. “Para poder denunciar a esa persona que está comercializando nuestros lotes, y que por lo menos esté 48 horas detenido, qué sea un delito”, expresó.

“Porque para mí son negociadores de la pobreza”, manifestó la directora quien además comentó que “como hay un 40 por ciento que comercializa, hay un 60 por ciento que no son los que están en las tomas por las que pasa el asfalto, son los que se van al medio de la nada, saben que van a estar 5 años sin servicios, sin un cable de luz. Y pueden vivir ahí porque no tienen otro lugar donde irse, no pueden pagar un alquiler”.

Zuch expresó que es a esas personas a quienes quieren poder brindarles seguridad de que “no van a venir estos otros a apretarlos, a quemarles la casilla porque no pagaron algo que no es de ellos”. “Negocian con la pobreza de la gente, algunos los venden a mil pesos, a dos mil o tres mil”, aseveró.

Toma 7 de Mayo

En la toma 7 de Mayo viven alrededor de 1.000 familias, más cerca de otras 300 familias que habitan en la toma 2 de Mayo que queda un poco mas arriba por la calle Casimiro Gómez. Es una toma que se organizó desde 2006 a la fecha.

“Hasta que llegás al lugar, lote por lote, casilla por casilla, para entender, para tomar conocimiento de cuál es la familia que está viviendo en ese lugar, ya aparece el comercio”, comentó la directora de Desarrollo Urbanístico del Instituto Provincial de la Vivienda.

La funcionaria relató un caso en el que en la toma 7 de Mayo una mujer compró un terreno por 10.000 pesos a otra señora que hacía 30 días había llegado de La Pampa.

“Cuando le pregunto ´¿a quién se lo compraste?´ me muestra un boleto de compra venta, y la vendedora ya se había ido a La Pampa”, explicó Duch quien agregó: ¿Entonces cómo frenamos esto? Yo creo que el ir a Legislatura va en miras de esto, no podemos llenar de policías la toma, la Policía tiene otro destino”.

“Nosotros en la toma tenemos que regular de tal manera que la gente sienta –hay más de 7.000 familias asentadas en procesos de regularización en la provincia- que pueden castigarlo por una toma o una venta de terreno que no es suyo”, explicó la funcionaria.

La funcionaria del IPVU expresó que en la cadena de prevención de tomas una de las cosas que necesitan es que legalmente las instituciones puedan estar más amparadas para que deje de existir la gente que comercializa con la pobreza.