En el barrio San Carlos recibimos de un día para otro una ocupación de tierras por parte de sectores vulnerados socialmente, quienes demandan un derecho histórico alienado por el propio sistema, para el acceso a la vivienda digna.

RP.- ¿Venían de otro lado de la ciudad de La Plata?

La toma de las tierras fue mixta. Personas de la comunidad Qom, del propio barrio San Carlos y de otros lados.

RP.- ¿Qué fue lo que más les preocupó a los vecinos?

Es muy sencillo, a los vecinos la situación los atemorizó por el grado de violencia desatada en la primera semana. Eso propició un movimiento refractario de la propia comunidad hacia quienes legítimamente reclaman un espacio de tierra para construir sus viviendas.

Lamentablemente sufrimos una mala conducción estratégica para las organizaciones de la toma, en tanto no supieron despejar la violencia del reclamo genuino. En ese sentido el barrio entró en una encerrona donde se debatía entre sostener acuerdos de la propia comunidad, la defensa del estado de derecho y la paz social. Y en eso no se negoció la posición de la comunidad y se salió adelante con un plan de lucha.

RP.- ¿Hubo un grupo que estuvo manifestándose en el centro de la ciudad?

Sí, así es. La semana pasada estuvimos acompañando a los vecinos a las puertas del fuero penal donde tiene las oficinas el juzgado de Garantías Nº 6. Pudimos establecer una coordinación con una amplia mayoría de vecinos de la comunidad. La estrategia tuvo que ver con mostrarle al juez nuestra capacidad de organización, nuestra solidaridad puertas adentro de la comunidad y el trabajo por la construcción del colectivo social. Algo importantísimo a la hora de entendernos como una comunidad.

RP.- ¿Qué resultado se obtuvo?

En principio el juez rechazó el pedido de recolección de la cautelar por parte de la defensoría Nº 6, y del pedido realizado por el ministerio de Desarrollo Social dio diez días corridos para el desalojo. Se lo instruyó al fiscal para que desarrolle una intimación del desalojo en estos días a fin de llegar de manera pacífica al 15 de septiembre. Paralelamente, desde el ministerio de Desarrollo Social deben censar y viabilizar una solución habitacional