Hace un mes y dos semanas que Fernando Baratelli recibió las llaves del despacho de la dirección de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), la empresa con participación estatal mayoritaria que presta los servicios de agua potable y cloacas en la provincia. El ingeniero aún no se dedicó a decorar la oficina que -tras 14 años en el cargo- dejó su antecesor, Alfredo Benigno Calvo. Hoy, la urgencia está en atender el típico aumento estacional en la demanda de los usuarios. “El verano es muy momento crítico”, le explicó Baratellí a LA GACETA.

Esos “incendios”, sin embargo, no se apagan sólo con agua. Según el director de la SAT, para resolver “la problemática general” en los barrios de la capital y del interior, la empresa necesita plata. En ese sentido, la nueva gestión contará con dos herramientas financieras inéditas.

La primera es la ley 9.062, sancionada el 5 de diciembre por la Legislatura, que le permite a la Sociedad Aguas del Tucumán la recepción de subsidios estatales para obras y equipamientos. El mes pasado, explicó Baratelli, la empresa tuvo un aporte de $ 5 millones del Poder Ejecutivo (PE).

El segundo impulso económico que obtuvo esta gestión es un crédito de la Caja Popular de Ahorros (CPA). Se trata de préstamo de $ 46,5 millones -había sido solicitado durante la administración de Calvo- a cancelar en 48 meses, a través de un procedimiento de pago especial. Como la CPA está habilitada para el cobro de facturas por agua potable y cloacas, podrá retener hasta el 70% de la recaudación diaria. Si no se cubre la cuota, la diferencia será abonada en efectivo o por transferencia bancaria.

¿Cómo utilizará la empresa estos recursos “frescos”, que suman un total de $51,5 millones?

En cuanto al subsidio del PE, Baratelli detalló que les permitirá tener “un poco más de previsibilidad”. “Me refiero a inconvenientes puntuales. Por ejemplo, cuando se quema una bomba (que permite llevar agua a un barrio), hoy en día la SAT no tiene stock para renovarla de inmediato. Entonces se debe salir a comprar una, con la demora que eso acarrea. Con estos fondos que nos entregaron podremos tener un stock de bombas, que por lo general se rompen los fines de semana”, señaló el ingeniero.

Respecto del crédito obtenido de la Caja Popular, Baratelli anticipó que estará destinado a obras en el sur de la capital, en barrios ubicados a la altura de calle Jujuy al 4.500. “Nos permitirá terminar la red de colectoras; hay varios tramos que están sin concluir”, remarcó el directivo.

De todas formas, aseguró que sería “importante lograr recursos para obras de infraestructura” a través del Gobierno nacional, “ya sea para agua o para cloacas”.

Para la mayoría de las reparticiones públicas los $ 51,5 millones totales que obtuvo la SAT este último mes serían un refuerzo nada despreciable (equivale, por ejemplo, casi a la partida de personal para todo 2018 en el Instituto de Prevención y Lucha contra el Alcoholismo). En la empresa sin embargo relativizan el impacto de esos montos. Por caso, según estiman en el directorio, la renovación total de las redes de cloacas en la capital alcanzaría los US$ 500 millones (o sea, unos $ 9.500 millones, con un cambio de $ 19 por dólar). Por ahora, este proyecto está lejos, y el foco está puesto en la reparación de cañerías con pérdidas.

Tarifas

Además de los subsidios y de los préstamos, la SAT puede incrementar recursos a través de otra vía: el ajuste en la tarifa de agua potable y cloacas. Hoy, la facturación se calcula a través de dos sistemas: con una fórmula (considera la superficie de la propiedad, su ubicación y su calidad, entre otras variables) o con un medidor. Según Baratelli, más allá de los mecanismos de cobro, es clave actualizar el régimen.

“Esto es algo que queremos revisar en la audiencia pública (que está suspendida). No tan sólo ajustar la tarifa, sino reverla, que sea más justa en relación al consumo de cada usuario”, señaló. Consideró que los valores han quedado “retrasados”, y que “el servicio va en correspondencia a lo que vamos recaudando”.

De todas formas, el titular de la SAT se excusó de opinar cuál sería la cifra adecuada a abonar por los clientes. “La respuesta es muy difícil. Si tuviera que plantear una tarifa para renovar y dar un servicio correcto, quizás se tendría que ir a tres veces más, pero por supuesto que eso no debe ser así; esto se tiene que trabajar de manera gradual, e ir mejorando el servicio de la mano con las tarifas. No me atrevo a decir un porcentaje (de aumento), porque eso va a depender de la audencia pública, de los cálculos económicos y de otros valores”, argumentó Baratellí.

Recordó que si bien la revisión tarifaria está en suspenso, la SAT y el Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) están “trabajando” en el tema. “Si fuera por mí, (que la cuestión se defina) mañana. Pero nos estamos manejando con prudencia. La audiencia pública es el primer paso, no quiere decir que de allí salga el cuadro tarifario definitivo”, manifestó Baratelli.

Consideró además que sería valioso para el sector y los clientes la puesta en funcionamiento de una tarifa social, como rige en la electricidad y el gas. Hoy, explicó el director de la SAT, se registra un índice de cumplimiento de pago del 70% entre los usuarios. Un aporte estatal permitiría aumentar ese porcentual. “De esa forma compensaríamos el déficit de cobranza, y llegaríamos casi a un 90%”, estimó el ingeniero.