La agrupación Unidos y Organizados advirtió anoche que "es imperioso terminar con tanto silencio de las autoridades provinciales" tras la muerte, ocurrida ayer aparentemente por suicidio, de un policía involucrado en una investigación por presuntas complicidades de uniformados con el narcotráfico.

"Ya no se trata de meras denuncias periodísticas: ahora estamos hablando de muertes sobre las que la población merece conocer los motivos", remarcó la agrupación en un comunicado, donde recuerda otra muerte no aclarada, la de un empresario.

Señaló en ese sentido, que "en julio apareció flotando en el Río Suquía, a la altura del Centro Cívico, el cuerpo sin vida del empresario Marcelo Arias, contratista del Estado en obras de construcción de gasoductos en la provincia".

"La manera en que fue golpeado y arrojado al río a plena luz del día, le dio al hecho ribetes mafiosos; no dejó de llamar la atención la falta de avances en la investigación y que el hecho aparezca en las secciones policiales todavía", alertó Unidos y Organizados.

Agregó que ahora "otra muerte enciende una luz de alerta en el poder provincial. Esta vez fue el oficial de la Policía de la Provincia Juan Alós, adscripto a Drogas Peligrosas e investigado por la Justicia en la causa vinculada a agentes encubiertos".

Destaca el comunicado que "el escándalo estalló la semana pasada tras un informe periodístico (del programa televisivo ADN de Canal 10), y motivó el licenciamiento de tres altos oficiales involucrados en estos presuntos delitos".

El oficial principal Juan Alós, de 34 años, fue encontrado muerto en el interior de su vehículo en las cercanías de Bosque Alegre, en la zona de la ciudad serrana de Alta Gracia.

Alós, oriundo de Alta Gracia, se desempeñaba en Drogas Peligrosas de la Policía provincial y estaba entre los efectivos de la lucha contra la droga que tenían vínculos con narcotraficantes, según el testimonio periodístico de un ex colaborador policial arrepentido.

Al reclamar que se rompa el silencio de las autoridades, Unidos y Organizados sostiene que "estamos hablando de muertes sobre las que la población merece conocer los motivos".

Sostiene el comunicado que "la duda acerca de si estamos frente a asesinatos o no, la deberá dilucidar con celeridad la Justicia", pero que "la decisión política –es una bandera del gobernador José Manuel De la Sota la seguridad- es competencia de las autoridades provinciales, en términos de adoptar medidas concretas que vayan en camino de devolver a Córdoba el clima de seguridad que parece haber perdido".

Recalcó la agrupación que "no es el silencio de las autoridades lo que resolverá la visible incompetencia de los responsables de la seguridad provincial". Considera también que "el paso a un costado del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del Jefe de la Policía, Ramón Frías, será una saludable reacción del Poder Ejecutivo como responsable de la conducción política de la fuerza policial y dará señales claras de la subordinación de ésta" al poder político.