El punto de partida es el llamado a "democratizar" la Justicia que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner formuló a comienzos de este año. El paquete de iniciativas oficialistas prosperó y sucumbió por partes (la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, volteó la elección por voto popular de miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, pero se mantuvo en pie el acceso democrático a los empleos judiciales). Disipado el horizonte de la judicialización, ha quedado una reforma a medias cuya discusión debe continuar. Esa es la conclusión de los protagonistas del foro nacional que este viernes sesionó en el Colegio de Abogados de la Capital.

Allí, en el salón de usos múltiples (aula acondicionada sobre la marcha por la escasa afluencia), usaron la palabra magistrados federales y provinciales (Daniel Posse, Ricardo Sanjuán, Liliana Vitar y Carlos Caramuti); un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Franco Picardi, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial), y, claro, letrados (Antonio Bustamante, miembro del Consejo Asesor de la Magistratura -CAM-; Gilda Pedicone de Valls y Francisco García Posse, respectivos directora académica y presidente de la entidad anfitriona, y Ricardo De Felipe, titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, institución promotora del foro).

Con matices, todos ellos consideran que la Justicia ha de cambiar para dar respuesta adecuada a los desafíos de esta época. El problema es la parte fina: ¿qué hacer? ¿Cómo? Sobran las ideas. "Lo importante es que coincidimos en la necesidad de una transformación. Creo que hay que ir hacia el sistema acusatorio puro en el fuero penal e instalar la oralidad en los juicios civiles", propuso Picardi, único orador del foro que no llevaba corbata.

Laberinto kafkiano

Después de expresar que estaba en su casa, Sanjuán, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, prometió que no iba a descargar culpas en otros. Y aseguró que lo que más le preocupaba no era el acceso de los ciudadanos a los Tribunales sino cómo salían de ellos: "hace falta voluntad política para que el señor Pérez se vaya más rápido de la Justicia". Luego relató que su institución había comenzado a informatizarse hacía sólo cuatro años: "de a poco nos metimos con la 'palabrita' 'gestión' y con la capacitación, y queremos llegar a la firma digital".

La comunidad no cree en sus jueces, según Caramuti, vocal de la Sala III de la Cámara Penal de esta capital. El ex consejero del Colegio de Abogados convocó a revertir esa falta de credibilidad mediante la incorporación de institutos que promuevan la participación ciudadana.

Una alternativa es el juicio por jurados, que fue incluido en la Constitución Argentina de 1853. "Permite el control, y rompe el divorcio entre ciudadanía y magistratura", evaluó Caramuti. Y, tras enumerar los pros y contras de ese mecanismo, expresó que la objeción más seria es la necesidad de dotar al veredicto del jurado de una explicación o motivación. "Esta es una exigencia republicana y un requisito del Estado de Derecho", postuló.

Posse, único vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán presente en el foro, calificó a la reforma judicial de "discusión central". "Antes debatíamos problemas de jueces y abogados; hoy hablamos de las preocupaciones de los ciudadanos", acotó. Y añadió: "estos entran a los Tribunales y se encuentran con un laberinto kafkiano de donde salen, después de muchos años, con una sentencia que no entienden". Posse se pronunció a favor de descentralizar los Tribunales; recuperar la Justicia de Paz, y consagrar la independencia de los ministerios públicos. "Hay que pelear por la autonomía presupuestaria de la Justicia. Esto a veces no se debate por compromisos políticos", definió.

"¿Son suficientes los recursos que tenemos para la reforma que queremos?", interrogó Vitar, presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán, que abogó por el establecimiento de códigos de ética, y de mecanismos de remoción de jueces que garanticen el juicio justo y la presunción de inocencia.

Pedicone de Valls y Bustamante abordaron la cuestión de la selección de jueces. La primera recordó que, tras la última reforma de la Constitución de Tucumán (2006), el Colegio de Abogados de la Capital había jugado un papel decisivo para el establecimiento de un CAM equilibrado. Bustamante reflexionó: "(aquella judicialización) fue muy dura y debemos traerla a colación ahora que estamos hablando de una transformación de la Justicia. La ciudadanía después aceptó el CAM (diseñado por ley luego del juicio). Esa reforma funcionó".