Este martes, primer día hábil de febrero, comienza el periodo judicial 2011 y el Jurado de Enjuiciamiento comienza a desandar los plazos para la audiencia del juicio oral y público al agente fiscal Daniel Nader y al juez de Instrucción de Chilecito, Alfredo Ramos.

Ambos se encuentran suspendidos en sus cargos y están siendo juzgados por la supuesta comisión de “mal desempeño en sus funciones”, en las causas relacionadas con la supuesta venta irregular de tierras en la zona del oeste riojano.

De acuerdo con lo dispuesto por el Jurado de Enjuiciamiento, el 16 de febrero de 2011 está prevista la audiencia del juicio oral y público al agente fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial-Sede Chilecito, Daniel Nader. Mientras que se habría fijado para el 9 de marzo de 2011 la audiencia del juicio oral y público al juez de Instrucción, Alfredo Ramos.

Al respecto, el apoderado de ambos profesionales, en el mes de diciembre último, había presentado un pedido de nulidad, el que fue rechazado, con votación unánime, por el Jurado de Enjuiciamiento.

Tras la notificación, el abogado José Tomás Yoma, que ejerce la defensa del agente fiscal y del juez de Instrucción, ambos de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Chilecito, presentó un recurso de amparo en el Superior Tribunal de Justicia, por lo que se esperaba una resolución para continuar con el proceso.

Fuentes judiciales adelantaron a la prensa que el amparo presentado por la defensa de Nader y Ramos, sería improcedente, ya que el Tribunal Superior de Justicia no podría interferir en una resolución del Jurado de Enjuiciamiento.

Cabe recordar que Nader está siendo juzgado por la supuesta comisión de mal desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes de su cargo y negligencia grave en el ejercicio del cargo, y a ello se agrega una causa relacionada con la supuesta irregularidad en la venta de tierras del oeste riojano.

En tanto, el juez de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Chilecito, está siendo procesado por los cargos de mal desempeño de sus funciones, por violación reiterada de las normas constitucionales, desviación de poder, manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones y desconocimiento del derecho, además de las causas relacionadas también con la supuesta irregularidad en la venta de tierras.