Estos terrenos se vieron favorecidos en su posterior valor debido a que durante la gestión de Juan Carlos Romero, fueron atravesados por la construcción de la autopista del Oeste, en una zona de bellos paisajes, rodeada de clubes de campo de alta gama.

Romero, fue acusado por la Justicia como presunto integrante de una asociación ilícita destinada "a cometer delitos en contra del patrimonio provincial". La acusación la formuló el fiscal Penal número tres, Eduardo Barrionuevo, quien requirió la promoción de acción penal contra Romero y otros ex funcionarios de su gobierno. Barrionuevo entendió que la presunta organización delictiva, habría buscado beneficiar "a empresas y personas de su vínculo cercano".

La acusación alude a una presunta maniobra fraudulenta en contra del Instituto Provincial de la Vivienda (IPDUV), por la cual el gobierno de Romero adquirió cinco hectáreas en la capital por un valor de 560 mil pesos-dólares, con la intención de destinarlo a la construcción de viviendas populares, según consta en el decreto de compra.

Pero el terreno había sido adquirido poco antes por el abogado de Romero, Raymundo Sosa, quien había pagado un precio muy inferior: 180 mil pesos-dólares. Finalmente, las viviendas nunca fueron construidas, ya que en ese lugar funcionó durante años una planta de bórax y los terrenos quedaron contaminados por ese mineral.

Esta acusación se sumó a otra en la que se le imputa a Romero y al ex ministro de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, el presunto delito de "fraude a la administración pública", por la compra irregular de 78 hectáreas en el departamento Metán.

El gobierno de entonces pagó poco mas de 1,5 millón de pesos por las tierras y años más tarde fueron adquiridos en 100 mil pesos por la firma Estancia El Carmen, un emprendimiento dedicado a administrar clubes de campo, cuyo director es Esteban Romero, uno de los hijos del ex gobernador.