El dirigente de radical de Echeverría Roberto Leonis planteó que existen sospechas sobre irregularidades en la actual gestión y sostuvo que la salida de Hilda Granotti de la secretaría de Hacienda “no lo sorprendió”. Además, señaló que su partido hará una presentación judicial contra la Comuna por otorgar a una empresa “irregular” la licitación para realizar controles bromatológicos.
“A nosotros no nos asombra porque toda la gestión del actual intendente está teñida de una sospecha de irregularidad”, consideró Leonis sobre la reciente acefalía en la secretaría de Hacienda, que sumó la cuarta renuncia en menos de un año dentro del Gabinete de Gray. Antes de Granotti, Alberto Auruccio, Claudio Pascali y Ángel Cammilleri, renunciaron de las secretarías de Gobierno; Seguridad y Obras Públicas, respectivamente.
“El Intendente llegó criticando a su sucesor (Alberto Groppi) por la deuda que dejó en el distrito y ahora en su Rendición de Cuentas reconoce deber ya 73 millones, que a esta altura ya debe estar en los 120 o 130 millones”, argumentó el dirigente en diálogo con Info Región.
En este sentido, criticó que el jefe comunal “está en una conducta absolutamente autista que ha tenido desde que inició su gestión”. “En el medio de un escándalo con el hospital (Santamarina) Gray termina saliendo en un canal de televisión hablando de la fiesta del bicentenario”, remarcó, y consideró que es “una conducta absurda y peligrosa”
“Me parece que primero tendría que estar la salud, que está absolutamente desmantelada, por sobre la necesidad de espectáculos públicos”, cuestionó, y denunció que “no solamente se aplican mal los recursos sino que además se dilapidan en la corrupción”.
En este marco, reveló que la UCR esta semana hará “una presentación judicial contra el Municipio por la empresa que hace el control bromatológico en Monte Grande, que es una empresa que funciona en forma absolutamente irregular”. “Cuando el Municipio le renueva el contrato a la actual empresa que controla bromatología ya estaba caída su personalidad jurídica”, explicó y sostuvo que “quien debe controlar esa documentación es el Ejecutivo”.
Al respecto, indicó que “esta empresa le cobra al Municipio todos los meses alrededor de 600 mil pesos”.
Por último, adelantó que desde la UCR se “motorizará una gran movilización popular en contra de la corrupción que está socavando los intereses de este municipio”.
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