En el expediente se investigan los hechos ocurridos el 23 de noviembre pasado, en aquella ciudad, en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 86, por un enfrentamiento entre efectivos de la Policía provincial y un grupo de aborígenes, que culminó con la muerte de dos personas.

Urgencia

La actuación de los tribunales de feria corresponde en forma excepcional, sólo para asuntos que no admiten demora (art. 4 del Reglamento para la Justicia Nacional) y cuando la falta de un resguardo o de una medida especial, en un momento determinado, pueda causar un mal irreparable por el transcurso del tiempo.

La habilitación de la feria judicial sólo procede cuando media un riesgo cierto de que una decisión judicial se torne ilusoria, o de que la demora frustre alguna diligencia importante para el derecho de las partes, pues aquélla tiene carácter excepcional y está regida a supuestos de verdadera y comprobada urgencia, señala la jurisprudencia sobre la habilitación en feria judicial, para actuación de tribunales de feria y su procedencia.

Declaración testimonial

El juez Santos Gabriel Garzón había rechazado la primera semana de diciembre pasado, el pedido de recusación que le hiciera el abogado Eduardo Davis, patrocinante de la comunidad aborigen de La Primavera, para que se aparte de la causa, arguyendo que la misma era competencia de la justicia federal.

En este sentido, se pudo saber sobre el estado de la causa, que la última semana de noviembre, habían declarado todos los policías involucrados o protagonistas del incidente, incluidos el jefe de la Comisaría de Laguna Blanca, y el responsable del operativo de ese 23 de noviembre.

Según el cronograma elaborado por Garzón, a principios de diciembre les tocaba el turno de prestar declaración a los aborígenes. Sin embargo, hubo varios intentos infructuosos para que vayan a declarar.

Se conoció que los originarios no firmaban las citaciones, y sólo se negaban ante los encargados de llevarles la citación del juez que entiende en la causa.

Nuevamente, Garzón trató de tomar declaración como testigos a los integrantes de dicha comunidad qom y reiteró las citaciones, pero en lugar de enviar oficiales de Policía, envió a empleados del juzgado.

Tampoco pudo convencer a los aborígenes a que comparezcan a Clorinda, sede del magistrado, para prestar declaración testimonial.

Pedido al juez

Los integrantes de la comunidad La Primavera, finalmente pidieron que vaya el juez a la colonia. Ante esto, y con tal de escuchar la declaración de la otra parte, el juez Garzón accedió y se constituyó en la colonia toba para tomar los testimonios. Sin embargo, ese esfuerzo tampoco fue suficiente, ya que quedaron testificaciones pendientes.

La carátula quedó definida como "doble homicidio contra autores ignorados, lesiones graves y daños". Además, el juez Julio Mauriño, que pasó a ser testigo, declaró por escrito.

Retraso

La causa en sí misma, tiene retraso por ese motivo, la negación de los aborígenes de presentarse en Clorinda para declarar. Recién cuando termine la ronda de testimonios, el juez estaría en condiciones de avanzar en la investigación.

En la causa, el juez Garzón, además de las testimoniales, tiene como elementos de prueba las pericias que hizo Gendarmería, los peritajes balísticos, pruebas documentales (fotografías y filmaciones) y con todo eso va a tratar de reconstruir lo que pasó esa tarde del 23 de noviembre de 2010, para tratar de establecer a los responsables de los hechos.