quien precisó que pedirán "la competencia de la justicia federal porque el juez de Formosa interviniente, Eduardo Valiente, no ha hecho nada hasta ahora y 'cajoneó' la causa".

Davis había pedido días atrás que la causa pase a la justicia federal con el argumento de que los hechos ocurrieron sobre una ruta nacional y planteó un recurso de inhibición ante el juez de Clorinda, Gabriel Garzón, que lo rechazó, y por eso ahora insistirá ante la Cámara Federal de Resistencia.

El 23 de noviembre, en una represión policial para el desalojo de un corte de ruta que realizaba la comunidad indígena, murieron el toba Roberto López y el oficial principal de la fuerza de seguridad formoseña Heber Falcón, mientras se registrados numerosos heridos.

Al día siguiente, el aborigen pilagá Mario López, quien

organizaba un viaje al punto del conflicto junto a otros indígenas para repudiar los hechos de violencia, murió al ser atropellado por un automóvil en Estanislao del Campo.

Esos sucesos derivaron en decenas de aborígenes heridos y

detenidos y el posterior incendio de viviendas y efectos personales, entre ellos los Documentos de Identidad, según denunció el jefe de la comunidad y funcionario del INADI, Félix Díaz.

En diciembre, Díaz realizó una huelga de hambre en el centro

porteño, reclamando el esclarecimiento de los homicidios de dos indígenas en su provincia y la titularidad de tierras, pero levantó la medida de fuerza tras un acuerdo alcanzado con funcionarios nacionales.

El acuerdo fue firmado en un encuentro en el que funcionarios

nacionales se comprometieron a propiciar una mesa de diálogo entre la provincia y la comunidad para canalizar la demanda de tierras, entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI), asistencia sanitaria y una propuesta para que Gendarmería garantice la seguridad de los tobas.