El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, repudió el violento desalojo sufrido el 23 de noviembre por la comunidad aborigen toba qom, en Formosa, mientras cortaba una ruta como medida de protesta por la falta de entrega de títulos de propiedad de 600 hectáreas que una familia criolla, de apellido Celía, reclama como suyas. En ese territorio, que fuera cedido por los Celía, el Gobierno provincial planea construir una facultad. Alén aseguró que "es posible" una solución, aunque admitió que "hay una situación de intransigencia".
El Gobierno de Formosa adujo que un funcionario de Parques Nacionales había ofrecido un pedazo equivalente a la fracción que tenían los criollos como para resarcir a la comunidad aborigen.
El problema es que no se puede ofrecer eso porque hay una ley que dice que no se puede desafectar el territorio por la voluntad de un funcionario.
La secretaría de Derechos Humanos, de la cual depende el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), estuvo siempre presente en el conflicto".
Intransigentes
Sobre la posible solución, afirmó que "nos reunimos con funcionarios del Gobierno de Formosa y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y les propusimos establecer una mesa de diálogo con nuestra participación, pero no la aceptaron. Pusieron condiciones inaceptables para la otra parte.
Hay una situación de intransigencia. En el momento de los incidentes hubo una situación muy preocupante: un juez y una fiscal estaban presentes.
Desde el 2003 en adelante, el Gobierno nacional tuvo una política muy clara: los problemas sociales no se reprimen. Esa nunca es la forma de solucionarlos" sostuvo según el sitio web Política Argentina.com.
Al tratar de analizar por qué se recurrió a la represión, expresó: "El gobierno de Formosa es provincial y, como tal, tiene su autonomía. La decisión fue de las autoridades locales, no de las nacionales.
Insfrán tiene una postura que reivindica la actuación policial. Dice que la policía actuó bajo las órdenes de un juez y un fiscal, lo cual es aún más grave: ellos no están para ordenar represiones sino para garantizar derechos. Además, aún no está esclarecido quiénes son los responsables".
"Todo fue ilegal"
Luis Alén dijo: "Todo lo hecho por Insfrán fue ilegal, violó la ley nacional que suspende los desalojos aborígenes y fundamentalmente atropelló las prerrogativas constitucionales que tienen al respecto los aborígenes sobre sus tierras".
Sobre estos dichos, el subsecretario nacional expresó: "Hasta ahora no se ha determinado que esto haya sido una orden del gobernador. Según lo difundido, el juez Raúl Mauriño intervino y ordenó el desalojo a raíz de una denuncia que tenía de la familia Celía.
Según la ley de Relevamiento de Tierras, se examinan las tierras y se determina cuáles pertenecen a los aborígenes, para luego proceder con la entrega.
Formosa aún no la ha implementado. Su Gobierno siempre sostuvo que no se pudo hacer por oposición de la comunidad aborigen La Primavera.
De todos modos, que exista un reclamo de una parte de los aborígenes no implica que no se pueda hacer el relevamiento. Su cumplimiento es obligación en todas las provincias porque es la forma de establecer a quién pertenecen".
Rol nacional
Hay legisladores que le pidieron una intervención más directa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sobre este punto, Alén afirmó: "La Presidenta no puede entrometerse en cuestiones del Poder Judicial.
Hay legisladores que piden intervenciones federales, pero esos son juegos políticos, donde cada uno defiende sus intereses o posiciones. La Presidenta no tiene que intervenir directamente.
Para eso hay órganos del Poder Ejecutivo que estuvieron presentes, como el INADI".
En tono crítico al Gobierno formoseño, Alén añadió: "Critico que hayan recurrido a la represión, que siempre lleva a estos resultados. Uno no se puede encerrar y usar la represión.
No es el modo correcto de proceder que un juez ordene un desalojo violento. El Poder Judicial tiene facultades para ordenar ciertas medidas, pero el Ejecutivo tiene que tener la suficiente elasticidad como para cumplirlas sin poner en riesgo la vida de nadie" dijo.
Consultado de si su posición se encuentra más cercana a la de la comunidad o a la del Gobierno provincial, Alén indicó: "Hay una cuestión básica: no siempre hay simetrías en las situaciones.
Si uno piensa cuál es la parte más débil, más desprovista de herramientas para reclamar por sus derechos y la que necesita una mayor protección, aparece la comunidad. Por eso, el INADI está trabajando allí. Hay que restablecer un equilibrio, sin avasallamientos".
Advertido que una de las banderas del gobierno son los derechos humanos, el funcionario nacional señaló: "La política de Derechos Humanos del Gobierno nacional no cambió frente a este hecho.
La crisis no fue provocada por el Gobierno nacional. No es una mancha, porque es una cuestión provincial. En materia de Derechos Humanos uno nunca puede estar satisfecho con lo que hizo. Nadie puede creer que ya está todo hecho".
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