Las causas “están investigadas para ver primero si hay delito y, segundo, si alguno tiene responsabilidad penal”, dijo. El Ministerio Público Fiscal dio una conferencia de prensa el martes. Están involucrados profesionales que tendrían alguna intervención desde el ejercicio de su profesión.
En declaraciones a la prensa valletana, el funcionario del Gobierno provincial deslindó toda responsabilidad de la comuna en el tema. También sostuvo que la semana que viene se difundirá una aclaración oficial. Es que en la “causa Jeréz”, las tierras son administradas por el IAC (Instituto Autárquico de Colonización) y la Municipalidad no tiene vínculo alguno.
En el otro caso, el ministro recordó que la denuncia original de los descendientes de los Perry data de diciembre, “por lo tanto lleva ya ocho meses juntando documentación para ver si existe delito”.
“Cuando se habla de tierra es una situación muy sensible, que es buena para hacer titulares pero la realidad que dijo el fiscal es que no hay personas imputadas: están investigadas para ver primero si hay delito y segundo, si alguno tiene responsabilidad penal”, criticó Castro.
CASTRO ACLARA
“Hay que mantener la cautela. El patrocinante es un abogado inescrupuloso y mentiroso que está haciendo mucho daño a algunas familias en Cholila y especialmente a toda la sociedad, porque no es justo poner semejante manto de sospecha con puesta en escena periodística”, dijo.
El ministro agregó que “respalda totalmente” la gestión del actual intendente de Cholila, Gustavo Galindo. “Es impecable, lo que hizo fue cumplir con su obligación constitucional de otorgar escrituras sobre lo que está escrito desde 1943 a la fecha”.
En el otro caso, Castro afirmó que ninguno de los integrantes de la familia Perry “será desalojada de ningún lado porque tiene propiedad sobre 33 hectáreas, que incluyen las construcciones originales del sheriff”.
Los Perry “tenían sólo 20 y gracias a la gestión municipal y de su abogado patrocinante, que era otro, se logró avanzar y finalmente quedaron las 33 hectáreas”, agregó. Castro insistió: “Perry vendió esas tierras en 1991 y el municipio tiene que otorgar el título, no hay más cuestión que hacer”.
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
Martín Zacchino, fiscal general de Esquel, brindó algunas de las características que tiene el primer caso, en una conferencia de prensa el martes último. Las maniobras que se investigan involucran a gran cantidad de personas, muchas de ellas profesionales que tendrían alguna intervención desde el ejercicio de su profesión.
El fiscal sostuvo que es muy temprano para sostener si se está en presencia de un delito. “Hasta que eso no ocurra el Ministerio Público va a ser muy cauto para llegar al éxito de lo que se pretende”, sostuvo.
El caso involucra a un antiguo poblador ocupante de una tierra fiscal que habría perdido una porción importante de su propiedad, que habrían intentado ser transferidas a un inversor extranjero.
Comentá la nota