Miguel Ángel Brito entra a la sala de entrevistas de LA GACETA con cuatro hojas en la mano. Se anotició de que el Tribunal de Cuentas (TC), mediante la acordada 2.510 -firmada el jueves pasado-, ha resulto enviar a la Justicia penal un expediente que lo responsabiliza por haber tratado de "hacer" una obra de cloacas que ya había sido ejecutada. Pero según Brito, quien fue director de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante cinco años de la gestión alperovichista, esa dura sanción (que incluyó una multa de $ 15.000) se produjo como resultado de "una persecución". Y el ahora asesor del senador oficialista Sergio Mansilla apunta a la cabeza del organismo de control por ello. "El presidente del TC (Miguel Chaibén) Terraf usa la institución como si fuera su casa, y la está arrastrando a cometer errores gravísimos", asegura. Y poniendo los papeles que traía sobre una mesa, agrega: "además, está favoreciendo al club que integra (Natación y Gimnasia)". - ¿Por qué asegura esto?- Terraf se contradice en su accionar. El año pasado (en agosto), dijo que había sobreprecios en la obra (de restauración) de la Casa de Gobierno. Eso me costó el cargo; tuve que renunciar por una obra que no se llegó a hacer y había sido proyectada sin que yo esté (en funciones). Pero resulta que ahora vemos con sorpresa desagradable cómo aprueba para su club obras con sobreprecios de hasta un 45%. Y las aprueba para que las realice la DAU, aunque la repartición está imposibilitada de intervenir en una entidad privada.

Brito, por si hace falta decirlo, se muestra indignado. La resolución del Tribunal de Cuentas, firmada por Chaibén Terraf (presidente) y Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), puede significar un duro revés en su situación procesal (ya hay una causa abierta en su contra en la Fiscalía de Instrucción de la VII Nominación). En la semana que pasó, el ente de control elevó a la Justicia penal el expediente Nº 431-270-SG-12, que contiene los resultados de una comprobación sumaria. En 2011, cuando Brito era director de Arquitectura y Urbanismo, se inició un trámite para la obra "Red de cloacas diagonal Juan XXIII al 800 - Capital". Mediante la ley 7.960, que permite a la DAU realizar contrataciones directas por hasta $ 150.000 en casos de necesidad y de urgencia, se emitió la resolución interna que adjudicaba esos trabajos a la firma Avant Garde SRL. Pero el TC, en un control preventivo, detectó que ya existían cloacas allí, aunque no estaban habilitadas, y por lo tanto no había necesidad ni urgencia que sustentaran el proceso sin licitación. Por todo ello, entre otras presuntas anomalías, Brito y el ex jefe del departamento Relaciones Vecinales de la DAU, José Ignacio Romero, fueron denunciados. El ex bussista hizo su descargo al respecto en una entrevista con LA GACETA.

- ¿Qué análisis hace de la acordada que lo sanciona?

- Me causa estupor, pero no sorpresa. Estoy sufriendo una persecución personal del presidente del Tribunal de Cuentas, el doctor (sic) Terraf. Creo que además está arrastrando a toda la institución entera a cometer errores gravísimos, como faltas a los deberes del funcionario público. No se respetan los debidos procesos, porque ante una situación supuestamente irregular, lo que se debe hacer es iniciar el sumario administrativo, se debe llamar a declarar a las partes involucradas y después sacar las conclusiones. En este caso nunca me llamaron, nunca me citaron a hacer alguna declaración o aclaración. Cómo será que Terraf lleva al TC a cometer errores que en forma apresurada lo hizo firmar a su yerno el dictamen jurídico sobre esta sanción en mi contra, traída de los pelos, sin que su yerno lo eleve luego al Departamento Jurídico del organismo. Eso no se hizo. - ¿Por qué piensa que no se lo convocó? - El llamado le correspondía a este hombre, el yerno de Terraf, que mal hace en usar a sus familiares para fines persecutorios. Pero bueno, es él quien me tendría que haber llamado. Pero quizás lo consideró innecesario. Por eso todo esto me parece traído de los pelos.

- ¿Cuál era la situación de la obra cuestionada?

- No hubo obra. Y por lo tanto no hubo dolo. - ¿Y entonces qué pasó?- No sé. Yo inicié en la DAU los procedimientos de contratación para ejecutar esos trabajos, en base a un pedido efectuado por los vecinos y por el (entonces) legislador (Armando) Cortalezzi (hoy interventor de la Caja Popular) para llevar cloacas a esa zona. Cuando elevé la resolución que firmé adjudicando a Avante Garde la obra, en la segunda intervención del TC, en el control preventivo, los ingenieros fiscales van y observan que habría una obra en la misma zona, lo cual causó sorpresa. Me imagino que el ingeniero Romero ya dio una explicación del caso, si es que él sabe. Pero hasta ahí llegó mi responsabilidad. Yo puse mi resolución a disposición del TC, no traté de eludir un control para que ellos presuman que pretendía cometer un ilícito. La cuestión es que Terraf, a los fines de perseguirme, hace este acuerdo sancionatorio sin respetar el debido proceso. Por eso digo que está incumpliendo con los deberes de funcionario público y ejerciendo abuso de autoridad, y estas dos situaciones las voy a plantear en la Justicia, voy a hacer una denuncia penal.

- ¿Por qué dice que el presidente del TC lo persigue?

- Porque, por ejemplo, mandó a cuatro ingenieros a hacer una auditoría en un par de días sobre 500 obras de mi gestión, algo inaudito e imposible. Y por iniciativa propia lo elevó al fiscal diciendo que había 86 de esas obras irregulares. Pero se contradice cuando aprueba la Cuenta de Inversión (elevada por el Poder Ejecutivo) y le dice a la Legislatura que está todo bien en la DAU. El TC mismo había aprobado esas obras. Pero las mandó a revisar después de cuatro años y encontró irregularidades. ¿Por qué no antes, cuando era oportuno? Además: o se está burlando de la Legislatura, al omitir decir que esas 86 obras tenían irregularidades, o qué está haciendo. Y ahora, aprueba obras con sobreprecio para su club. ¿A cúales obras se refiere?- La ley 7.960 es clarita: sólo es aplicable para casos de necesidad y urgencia justificada por un funcionario de alto nivel. La necesidad es para el agua de un barrio, la cloaca, iluminar la calle por seguridad, pero llevar el gas a un club. ¿Cuál es la urgencia? Más urgencia tiene el tucumano al que se le podría llevar agua con esta plata, no un club, que es una institución privada. Se desdobla una licitación, porque como no hay urgencia debería haber una licitación: que la apruebe el gobernador a la inversión en el club, y todo eso.

- Pero, ¿por qué afirma usted que hay sobreprecios?

- El TC siempre ha considerado un sistema con nosotros. Teníamos un presupuesto oficial: supongamos que tras pedir informes estimamos que un celular determinado cuesta $ 100. Sobre ese cálculo salimos a comprar: uno dice "lo vendo a $ 120", otro "yo a $ 130", y otro "yo a $ 105". El TC siempre dijo que hasta un 5% es criterio que se permita el monto por arriba, como margen, o al menos así se manejó siempre conmigo. Pero resulta que con el nuevo director de la DAU (Juan Luis Pérez) fija un criterio del 45% para arriba. Si el presupuesto oficial del gasoducto del club era poco más de $ 100.000, ¿por qué se lo adjudica en más de $ 147.000? Hay un sobreprecio. Estamos hablando de un 45%. Saiko SA (la empresa adjudicataria) se podría haber presentado con una oferta de hasta $ 110.000, y quizás le podés aceptar. ¡Pero sale con $ 147.000! Hay un sobreprecio. Además, la DAU está incumpliendo, porque no está conferida esta función en su carta orgánica. Sí lo puede hacer el Ente de Infraestructura, pero la DAU es para entes públicos y nada más.

- ¿Pero cuál sería el motivo de la persecución, según usted?

- No sé por qué será, habría que preguntarle a él (por Terraf). No lo sé. Quizás sea ideológico, no sé, no le hice nunca ningún daño. Causa estupor pero no sorpresa la actitud del doctor Terraf, ya que persiguiéndome con casos insignificantes que no ocasionaron ningún daño al Estado tapa y hace la vista gorda a graves irregularidades detectadas en obras millonarias: me las guardo para aportarlas a la Justicia. Logrando con ello grandes beneficios para él, para su familia, y para su Club. Ejemplo, su yerno, el doctor Esteban Gonzalez, que ofició de sumariante en esta ridícula multa, fue premiado con un Altísimo cargo en la Caja Popular. Su hija fue nombrada juez de Paz y su Club recibió un ilegal aporte millonario.

- Usted ha trabajado cinco años en la gestión alperovichista. ¿Siente que se lo está apoyando?

- No, no siento apoyo. Siento que he cumplido con mi deber, de hacer las obras que me pedía el gobernador (José Alperovich). He tratado de cumplir con su pedido, con lo que me encomendaba, siempre con el debido proceso, y cuando se vino toda esta ola de ataques infundados no sentí el respaldo de nadie. No lo necesito, tampoco. Cada uno tiene su conciencia, y yo tengo la mía tranquila. Cada una de las imputaciones las puedo rebatir.

- ¿Está dispuesto a prestar declaración judicial?

- Sí, desde el primer día que la legisladora (radical Silvia Elías de) Pérez presentó una denuncia penal en mi contra con cosas traídas de los pelos, con inventos extorsivos, me puse a disposición a través de mi abogado a la Justicia. - ¿Pero no ha sido llamado? - La Justicia tiene sus tiempos. Lo que pasa es que quienes están en política quieren sacar unos votos castigándome a mí. La gente no se debe confundir: estas son denuncias políticas, infundadas, tengo todo aprobado por el Tribunal de Cuentas, y lo que no fue aprobado no lo hice. Es una incoherencia de Terraf querer sancionarme por algo que no hice. Sienta un precedente nefasto: ningún funcionario va a poder mandar una resolución a control preventivo; si viene negativo, debería volver con una sanción de $ 15.000. Para eso están ellos, para encontrar el error, la falta, y no aprobar la obra, no para inmediatamente sancionar, están condenando de antemano, y eso no tiene precedentes en la historia del Tribunal de Cuentas.

- Hace unos días, el PE lo mandó a callar cuando había hecho declaraciones sobre la obra del gasoducto y del club Natación...

- Ese fue (Oscar) Mirkin (secretario de Obras Públicas). Mirkin no es el PE. Era mi superior, y en forma atrevida, sin respetar mis derechos civiles, me manda a callar. Pero en lugar de eso, él debería dar explicaciones por el Hospital Padilla, por el gasoducto del sur y por todas las obras que lo tuvieron como principal actor. Que deje de hacer callar a otros y hable él. No sé de qué tiene miedo, qué diga todo lo que sabe. A mí no me puede hacer callar porque soy un ciudadano y tengo mis derechos. ¿Con qué autoridad lo hace? Que me mande a hacer callar ahora.