Le dio un plazo de 40 días hábiles para que envíe al Congreso el proyecto de ley por las indemnizaciones.
Lo dijo ayer a PUNTAL el abogado Mario Ponce.
Un total de 12.500 damnificados por la explosión ocurrida hace más de trece años viene reclamando los montos indemnizatorios por daños materiales y morales que ascienden a $ 700 millones.
“Nosotros habíamos pedido la homologación del acuerdo que habíamos celebrado con el Estado en la audiencia del 22 de agosto del 2007”, dijo el letrado.
Y acotó: “Finalmente, hubo una resolución del tribunal que hace lugar a nuestro pedido. Esto implica que se le impone al Estado la obligación de enviar al Congreso en un plazo de 40 días hábiles el proyecto de ley que contempla la indemnización para todos los damnificados, tal cual fue acordado en aquella audiencia”.
“Esto es muy importante porque un cumplimiento del Estado en el plazo señalado culminaría con todos los procesos”, puntualizó.
La resolución dice textualmente:
* “Hacer lugar al pedido de homologación formulado por la parte actora. En consecuencia, deberá cumplimentar el acuerdo celebrado en la audiencia de conciliación de fecha 22 de agosto del año 2007, en donde se asume el compromiso de elevar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, que contemple de la mejor manera las indemnizaciones que se reclaman”.
* “A los fines de posibilitar la ejecución del acuerdo, fijar un plazo de cuarenta días hábiles para presentar el mismo ante el Congreso nacional, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 513 del Código Procesal y de aplicar sanciones conminatorias”.
-¿El Estado puede apelar la resolución?
-Es una posibilidad que existe. Pero tal circunstancia sería verdaderamente otro hecho aberrante del Estado contra los damnificados de Río Tercero. Porque sería contradictorio con lo que el Estado mismo prometió en la audiencia de conciliación.
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