ás de 200 familias que mantienen ocupado desde agosto último un terreno ubicado en Banda del Río Salí se resistieron ayer a ser desalojadas por la Policía, en el marco de una medida judicial que había ordenado cumplir la fiscal Adriana Reinoso Cuello.

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la mañana en el predio, perteneciente al Ingenio San Juan, cuando más de 100 efectivos policiales de distintas reparticiones, encabezados por el jefe de la Unidad Regional Este, José Díaz, se hicieron presentes para ejecutar la instrucción de la Justicia.

Minutos después de las 9.00, los uniformados ingresaron al terreno, de varias hectáreas de extensión, donde se produjeron fuertes discusiones con los "okupas", quienes se resistieron a abandonar el lugar.

En su afán de evitar ser retirados por la fuerza de esas tierras, donde armaron casillas de madera y realizaron instalaciones clandestinas de luz y agua potable, los "okupas" cortaron la ruta y quemaron cubiertas en inmediaciones de la fábrica azucarera.

Marcha atrás

El clima tenso se extendió hasta el mediodía, cuando desde la Fiscalía Sexta se ordenó dar marcha atrás con el operativo, debido a que el abogado de los usurpadores, Alejandro Flores, había presentado un recurso de amparo que no había sido resuelto con anterioridad a la orden de desalojo.

El 8 de agosto, el juez Víctor Manuel Pérez había dispuesto que el terreno sea desocupado para ser reintegrado a sus propietarios. La medida se cumplió, pero dos semanas después las mismas familias volvieron a ocupar el predio. En septiembre se dictó una nueva orden judicial de desalojo, que no se concretó. El expediente finalmente llegó a la Cámara Penal, que es la que deberá resolver en las próximas horas si hace cumplir el fallo que ordena despejar las tierras.

Las aproximadamente 230 familias que ocupan el terreno del Ingenio San Juan en Banda del Río Salí son vecinas de la zona y aducen que esa es la única manera de contar con un lugar dónde vivir, en razón de que no tienen recibo de sueldo ni ingresos estables como para acceder a una casa del Instituto Provincial de la Vivienda.

Sin embargo, explicaron que están dispuestos a pagar por las tierras que mantienen ocupadas desde hace cuatro meses.