Con cinco funcionarios bajo sospecha por diferentes causas judiciales o denuncias periodísticas y el propio intendente Ramón Mestre acusado, el gabinete municipal de la ciudad de Córdoba se encuentra en un verdadero tembladeral.

Las renuncias de todos los funcionarios están firmadas y a disposición del intendente desde septiembre de 2012, pero ayer tanto el secretario de Gobierno, Facundo Cortés Olmedo, como el titular de Economía, Sergio Torres, volvieron a ponerlas a disposición. Ninguna fue aceptada todavía, pero crecen las versiones sobre posibles cambios en el corto plazo.

Los dos secretarios fueron implicados por una investigación del programa ADN, que denunció vínculos de ambos con concesionarios del municipio.

En el caso de Cortés Olmedo, se trata de un servicio de uso precario concedido en 2012 a su cuñado, Matías González Palau, para la explotación de un puesto de fotocopias y plastificado de carnés en el CPC Colón. El año pasado, el puesto habría pasado a otras personas a las que González Palau les alquilaría las máquinas. Esa concesión estaría a punto de expirar, puesto que con el cambio de modalidad de otorgamiento de los carnés de conducir ya no hacen falta fotocopias ni plastificados.