En 2009, el gremio de Judiciales montó una campaña polémica, a juzgar por la sonora respuesta que obtuvieron: "Si cree que Jaque miente, toque bocina". Y ahora el panorama, como hace dos años, promete tornarse nuevamente conflictivo: el Gobierno fija un techo salarial y los gremios considerados "duros" lo rechazan. En efecto: tanto Ate Salud, como Ampros y Judiciales advierten la posibilidad de paros si el Ejecutivo no atiende a sus demandas. Lo que podría traer complicaciones, a su vez, al oficialismo en un año electoral.

Estos tres gremios constituyen el "triángulo" sindical que más apura al Gobierno. No han faltado episodios conflictivos, de distinto calibre. Desde los 36 días de paro efectuados por los empleados del poder Judicial el año pasado -que paralizó totalmente el servicio de justicia- a la batahola en la que el ministro de Hacienda fue corbateado -literalmente- por referentes del sindicato de la salud hasta las acusaciones cruzadas por las agresiones ocurridas la semana pasada en la puerta de la Osep.

Las paritarias de este año presentan un denominador común. Los tres gremios llegar a un incremente del 35 por ciento y ya han decidido rechazar la propuesta de incremento salarial fijada por el Gobierno, en base al aumento otorgado a los docentes, que fue del 29 por ciento. Precisamente, una de las quejas de Carlos Ordóñez, de Judiciales, es que el Gobierno no piensa moverse de ese techo, en tanto los sindicatos duros exigen un porcentaje superior.

En diciembre pasado, el Gobierno cerró un acuerdo con Ampros y Ate Salud por el 15 por ciento, pero según las fuentes sindicales también se convino seguir con la negociación para 2011 para lograr una cifra cercana al 35 por ciento. El Gobierno ofreció este año una suba escalonada del 14 por ciento: 9 por ciento en julio; el 2 en septiembre y el 3 restante en noviembre.

En el caso de Judiciales, en enero pasado recibieron un 14,5 por ciento de aumento. Ahora van por el 20, 5 por ciento restante, en tanto también piden al Gobierno blanquear dos ítems, por 230 -del año 2009- y 325 -de 2010- pesos, respectivamente. En la mesa de negociaciones, el Ejecutivo prometió el viernes pasado una suba en cuotas: el 9 por ciento, a partir de julio; el 11 por ciento a partir de setiembre y el 14 a partir de noviembre.

Pero Ordóñez aclara, de entrada: "No es que al 9 por ciento se sume el 11" sino que, entre ambas cifras, el aumento es del 2 por ciento sobre la base del escalafón.

Lo ofertado por el Gobierno, está lejos de las pretensiones de los sindicalistas, que consideran que las propuestas de aumento están desactualizadas respecto del costo de vida.

Esto ha disparado el estado de alerta en hospitales, centros de salud y en el Poder Judicial, con asambleas que han rechazado, cada una por su cuenta, las propuestas. Y mientras Ate Salud y Ampros vuelven a reunirse mañana a la tarde en la Subsecretaría de Trabajo con los paritarios del Gobierno, y Judiciales espera hacerlo el próximo viernes 3, ya advierten que si la nueva oferta salarial no es de su agrado las medidas de fuerza podrían endurecerse.

El contexto electoral, en este caso, podría jugar a favor de los gremios.

Es que la gestión de Celso Jaque se apresuró a tener un 2011 sin graves conflictos, para enfrentar la contienda electoral despejada de aquello que ingresó en la agenda 2009 a través de carteles confeccionados por los empleados judiciales. En este tren, cerró el acuerdo salarial con el Sute, un sindicato afín a la gestión.

Otro punto anotado a favor de la gestión es que también logró descomprimir recientemente el conflicto con los choferes de trole, que pertenecen a ATE.

Sobre el filo del inicio de clases -factor de presión habitual-, los maestros aceptaron un incremento del 24 por ciento durante el primer semestre y un 5 por ciento más a partir de junio. Estas cifras, según las fuentes consultadas, ahora sirven al Gobierno para poner un coto a las aspiraciones de los trabajadores.

"Este gobierno se caracteriza por profundizar los conflictos", definió Ordóñez, con el recurso de colocar más presión en el Ejecutivo. "Es cierto que tuvimos un rol protagónico con el `Jaque miente´y es cierto que el año pasado estuvimos 36 días de paro. Pero el Gobierno tiene posibilidades para redistribuir. Falta intención política", aseguró el secretario general de los empleados de la Justicia.

En Ate, Raquel Blas lo había advertido hace unos días, al sostener que los trabajadores ya pedían el endurecimiento de las medidas de fuerza. El año pasado, la fuerte relación entre Ampros y Ate Salud paralizó la atención en hospitales y centros de salud durante tres semanas.

Una espiral de protestas no sólo juega en contra del Gobierno. En 2009, ante la apabullante campaña establecida por los Judiciales y a meses de las elecciones legislativas, la estrategia del oficialismo fue acusar al gremio que encabeza Ordóñez de jugar a favor de la oposición. En esos comicios, resultó ganador el Frente Cívico, que en otros tiempos, cuando el radicalismo era gobierno, tuvo que padecer lo mismo que hoy padece Jaque.

Entonces, ante este panorama, la interrgante es si el Gobierno no logra resolver en paritarias con Ate Salud, Ampros y Judiciales, cómo complica a la fórmula del PJ, Francisco Pérez y Carlos Ciurca una nueva escalada de conflictos.

El ministro de Gobierno, Félix González, descartó de plano que si las negociaciones se dilatan y no se llega a un acuerdo, el factor electoral "ahora es lo de menos. El problema es que un paro afecta a la prestación de servicios".

González sostuvo que están evaluando la posibilidad de una nueva oferta, pero "es bastante difícil de mejorar" y si bien señaló que han resuelto algunos temas pendientes en las paritarias y que "hay buena voluntad" y "mejor diálogo con los gremios" considerados combativos, "no llegamos al 35 por ciento".