“Siempre tenemos que hacer críticas, porque no somos dueños de la verdad. Tenemos que ver en qué nos equivocamos y qué hay que modificar. Permanentemente hay que ir cambiando y viendo qué es lo mejor para los tucumanos”, justificó el mandatario. Añadió, sin embargo, que se trató de hacer “todo lo que estaba al alcance” para evitar la situación.

Las expresiones del gobernador sucedieron luego de que se conociera que la Justicia próximamente imputará por sedición a 50 agentes más. Los policías habrían evitado que sus pares salieran a custodiar las calles. Hasta el momento, ocho efectivos permanecen en prisión preventiva por haber encabezado el acuartelamiento en la Jefatura durante el 9 y 11 de diciembre de 2013.

El fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, recordó que la investigación judicial y las detenciones se originaron a raíz de una denuncia de la Provincia. “No nos quedamos quietos, seguimos investigando y aportando datos”, concluyó.

Los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni tomaron declaración en las últimas semanas a unos 70 policías y jefes que fueron víctimas de compañeros que los habrían obligado a bajar de los patrulleros del 911 o que les habrían impedido entrar a las dependencias en las que trabajaban.

En diciembre un grupo de policías encabezó una protesta frente a la subjefatura en reclamo de una mejora salarial y de la incorporación de efectivos cesanteados. En esos días, los miembros de la fuerza de seguridad dejaron las calles. La desprotección derivó en una oleada de saqueos y robos. El Gobierno nacional envió a Gendarmería para reforzar la seguridad.

La crisis finalizó una vez que el Gobierno cedió y acordó un 35% de aumento salarial.